La audiencia fue convocada para los alegatos finales, tras el cual decidirá si acepta el pedido del fiscal Germán Juárez, de seis meses de prisión preventiva, que considera necesario ante lo que considera riesgo de fuga del reo.

Juárez fundamentó su solicitud alegando, entre otras cosas, que Vizcarra desarrolla acividades políticas y sostiene que por estas es una especie de “preso político” y objeto de la animadversión de políticos tradicionales por haber disuelto el Congreso cuando era presidente, por lo que podría asilarse en algún país vecino.

El exgobernante, para quien el fiscal pide 15 años de cárcel, rechazó la posibilidad de fuga y dijo que tuvo múltiples oportunidades de huir por realizar acitividades en localidades de frontera con Bolivia, Colombia, Chile y Ecuador.

Añadió que, por el contrario, ha cumplido rigurosamente con asisir a todas las diligencias del juicio por lo que debe seguir afrontado su proceso en libertad con restricciones (condicional).

Vizcarra es acusado de recibir dos millones 300 mil soles (cerca de 640 mil dólares) en sobornos a cambio de contratos de construcción de un hospital y un obra hídrica en la sureña región de Moquegua, cuando era gobernador de ese territorio.

De aceptar el juez Víctor Alcócer el pedido de prisión preventiva, será conducido hoy mismo al presidio reservado para ex altos funcionarios.

Esa cárcel alberga ya a los exgobernantes Alejandro Toledo (2001-2006), Ollanta Humala (2011-2016) y Pedro Castillo (2021-2022), los dos primeros sentenciados y el tercero sometido a proceso penal.

De otro lado, ayer se realizó una audiencia de un segundo juicio a Toledo, por lavado de activos por tres millones 800 mil dólares, enmascarando el dinero en cuentas de empresas de fachada abiertas en Costa Rica.

En la audiencia de la víspera, el abogado de Toledo, Roberto Su, sostuvo que la acusación se basa en testimonios de testigos protegidos que inculparon al expresidente a cambio de beneficios judiciales.

La Fiscalía pide en este caso 16 años y 8 meses de cárcel para el acusado, que ya cumple otra de 20 años y seis meses por recibir más de 30 millones de dólares de empresas brasileñas y peruanas a cambio de contratos de obras viales.

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