En una conferencia de prensa, el miembro de la interventora del IP Francisco Bocanegra aseguró este martes que las pasadas administraciones crearon la Unidad Coordinadora de Proyectos (UCP) para drenar los fondos de la institución estatal.

La UCP fue concebida como una chequera personal, al servicio de quienes dirigían el IP, subrayó.

Esa unidad operaba como una estructura paralela para evadir la Ley de Contratación del Estado y manejar los fondos del Instituto a discreción, remarcó Bocanegra, quien valoró el despilfarro en más de 12 mil millones de lempiras (unos 461,5 millones de dólares).

Esa cifra que podría elevarse a 17 mil millones de lempiras (653,8 millones de dólares) al sumar otros casos de corrupción dentro de la entidad, encargada de registrar y actualizar el sistema de información catastral de esta nación centroamericana, agregó.

El funcionario lamentó que los fondos fueran utilizados para desnaturalizar el IP de garantizar el derecho a la propiedad que tienen los hondureños.

Indicó que con ese dinero inauguraban calles, entregaban estufas, casas que están abandonadas, proyectos habitacionales, bombonas de gas y otros.

Entre las obras cuestionadas figuran las denominadas “casas chatarra”, construidas con contenedores en la salida al sur de Tegucigalpa.

Bocanegra detalló que hay más de 20 líneas de investigación abiertas por el Ministerio Público (Fiscalía).

En mayo de 2024, la presidenta hondureña, Xiomara Castro ordenó la intervención del Instituto de la Propiedad, tras denunciar el presunto desvío de más de 18 mil millones de lempiras (cerca de 686 millones de dólares).

Estos fondos fueron utilizados sin registros fiables y en violación de la ley, destinándose a construcciones de viviendas, gastos publicitarios y supuestas obras sociales, desviándose así del objetivo original del fideicomiso, que era la transformación digital del IP, dijo entonces la mandataria.

rc/edu