El Noveno Circuito de Apelaciones en California dictaminó que el gobierno quizás podría demostrar la existencia de razones “legítimas” para cancelar el Estatus de Protección Temporal (TPS).

Ese es un programa que ofrece amparo contra la deportación y permisos de trabajo a inmigrantes que ya se encuentran en Estados Unidos cuando sus países de origen atraviesan conflictos, desastres u otras situaciones extraordinarias.

La conclusión suspendió el fallo de la jueza Trina Thompson de San Francisco, quien en diciembre bloqueó la cancelación de este programa al considerar que la administración republicana no evaluó de la forma adecuada las condiciones de los países afectados y que el veredicto estaría motivado por “animadversión racial”.

“El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas”, afirmó la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, al celebrar el veredicto.

La funcionaria calificó la determinación del Noveno Circuito como «una victoria para el Estado de derecho» y acusó que durante el Gobierno de Joe Biden (2021-2025) se utilizara el TPS para permitir -en su criterio- el ingreso de «terroristas violentos» a Estados Unidos.

Trump buscó desde su regreso a la Casa Blanca eliminar la mayoría de las inscripciones al TPS como parte de su política de restricción migratoria.

Los demandantes, representados, entre otras, por organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros y la Asociación Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), alegan que la medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Quinta Enmienda por no considerar las condiciones de los países ni el debido proceso de los inmigrantes.

La decisión la víspera del Noveno Circuito deja a miles de migrantes en ese limbo legal mientras continúa el proceso de apelación.

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