La institución, dedicada a la gobernanza ambiental y la sostenibilidad con la participación ciudadana, denunció en especial la presencia del agrotóxico clorotalonil en dicho producto contra las plagas, comprendida en la modificación que respaldó el Ministerio de Salud.
El texto del ente ambientalista contra la reforma al “Reglamento para la Calidad del Agua Potable” denuncia que esta modificación normativa representa “un grave retroceso en la protección de los derechos humanos, la salud pública y el ambiente».
La institución critica que esa disposición oficial “eleva los niveles máximos de contaminantes permitidos, y los reduce a simples valores de referencia para análisis de riesgo, sin respaldo en estudios técnicos independientes”.
Los ambientalistas estiman, además, que “la falta de justificación científica y el debilitamiento de los estándares de calidad del agua contradicen los principios establecidos en los artículos 21 y 50 de la Constitución, y vulneran los compromisos del país en materia de sostenibilidad y derechos fundamentales”.
El PCA también alertó sobre el impacto desproporcionado que esta medida podría tener en poblaciones con acceso limitado a fuentes seguras de agua, muchas de ellas en comunidades rurales y zonas empobrecidas, amén de exacerbar las brechas sociales.
“Diversos estudios –sentencia la declaración- evidencian la relación entre la exposición prolongada a agua contaminada y enfermedades graves como el cáncer gástrico, cuyos índices en Costa Rica son alarmantemente altos”.
Según el Parlamento Cívico Ambiental, la reforma abre la puerta a una normalización de la contaminación química en los sistemas de abastecimiento de agua, lo cual se traduciría en graves consecuencias sanitarias para miles de personas.
El PCA funciona en Costa Rica como un «Parlamento Abierto» para promover la cercanía entre la ciudadanía y las instituciones gubernamentales en temas ambientales, y está alineado con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.
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