El país centroamericano reportó unas mil 700 denuncias por ese delito entre 2022 y junio de 2025, mientras durante esta primera mitad de 2025 contabiliza ya alrededor de 320, añadió esa institución, citada por el periódico El País.

La mayoría de esos informes proceden del Ministerio de Educación Pública (MEP, 58 por ciento), la Caja de Seguro Social (nueve por ciento) y el Poder Judicial (ocho por ciento), precisa la Defensoría de los Habitantes.

Según la fuente, esas estadísticas son proporcionales a la cuantía de las plantillas de cada una de esas entidades, encabezadas por el MEP, el principal empleador público del país, con 88 mil funcionarios.

El 57 por ciento de las denuncias –estima la Defensoría- concluyen en sanciones contra los agresores, pero existe gran impunidad en el proceso, pues un gran porcentaje de las víctimas enfrentan trabas institucionales, falta de acompañamiento psicológico y legal, y presiones para interrumpir los procesos.

Muchas de las personas objeto de esas violaciones, un abrumador 82,2 por ciento de las cuales son mujeres y solo 13,8 por ciento hombres, tienen que abandonar sus puestos de trabajo, mientras la generalidad de los agresores permanecen o son reintegrados a sus funciones, agregan las fuentes.

Otros datos significativos sobre ese flagelo social es que el 68 por ciento de las víctimas oscilan entre 18 y 25 años de edad, y 30 por ciento entre 26 y 35, al ser la mayoría estudiantes jóvenes, muchas veces en situaciones de vulnerabilidad frente a figuras de autoridad dentro del ámbito académico.

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