Mutamba, quien dimitió el pasado 18 de junio ante el avance de las acusaciones, es llevado a la corte por la supuesta malversación de 19,9 millones de dólares estadounidenses que provenían del Fondo de Reparación e Indemnización para las Víctimas de las Actividades Ilícitas de Uganda en la RDC.

El dinero fue enviado a la cuenta de la empresa Zion Construction para ejecutar un proyecto de construcción de una prisión en Kisangani, provincia de Tshopo, lo que motivó la acusación del Fiscal General del Tribunal de Casación, Firmin Mvonde, ante la Asamblea Nacional.

Estos elementos provocaron que primero la Asamblea Nacional autorizara el pasado 29 de mayo una investigación, durante la cual fueron escuchadas todas las partes; y luego el 15 de junio decidieran el levantamiento de su inmunidad parlamentaria.

Mutamba también fue acusado de desacato al tribunal tras denunciar una presunta conspiración política en su contra.

Al exministro se le prohibió salir de Kinshasa, lo que unido a la amenaza de una orden de arresto hicieron insostenible su cargo, obligándolo a presentar su dimisión dentro del plazo establecido por la ley congoleña.

El extitular de Justicia ha estado en el centro de la polémica durante todo su mandato, iniciado en mayo del 2024, debido a su confrontación directa con los magistrados del poder judicial.

Este tema mantiene a los medios locales enfocados en lo que suceda en el proceso legal y su posible apego a la justicia y las leyes, dados los antecedentes.

Mutamba considera que se trata de un complot destinado a neutralizar las reformas judiciales en curso y obstaculizar la respuesta del gobierno a la agresión ruandesa; mientras la opinión pública está dividida entre quienes apoyan el exministro y los que señalan que la justicia debe aplicarse sin excepciones.

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