También el político ultraderechista tiene prohibido el acceso a redes sociales y restricciones de movimiento ante el riesgo de fuga y obstrucción a la Justicia.
Las medidas, respaldadas por la Fiscalía Gneeral, responden a indicios de que Bolsonaro intentaba evadir el proceso judicial que lo investiga por liderar un intento de golpe de Estado en 2022 para impedir la posesión del actual mandatario Luiz Inácio Lula da Silva.
Durante los registros, agentes incautaron aproximadamente 14 mil dólares y ocho mil reales en efectivo (mil 440 dólares), recursos presuntamente vinculados al financiamiento de actividades de su hijo Eduardo Bolsonaro en Estados Unidos, quien realiza acciones ante el Gobierno de Donald Trump para presionar al Supremo Tribunal Federal (STF).
Bolsonaro deberá permanecer en su domicilio entre las 19:00 y 07:00, hora local, no podrá comunicarse con diplomáticos extranjeros ni con otros investigados en el caso y su ubicación será monitoreada las 24 horas mediante el dispositivo electrónico.
La decisión judicial afloró en medio de una crisis diplomática desatada por Trump, quien impuso aranceles del 50 por ciento a productos brasileños y exigió públicamente el archivo de la causa penal contra Bolsonaro, calificándola de «cacería de brujas».
En una carta divulgada el jueves, el republicano reiteró su apoyo al exgobernante y pidió el fin inmediato del proceso, acciones que el Gobierno de Lula denunció como chantaje e injerencia en la soberanía nacional.
El STF mantiene abierta la acción penal por cinco delitos, incluida organización criminal y atentado contra el Estado Democrático de Derecho, tras encontrar evidencias como un decreto para anular los comicios de 2022, descubierto en 2023 en la casa de un exministro de Bolsonaro.
La defensa del expresidente manifestó indignación por las medidas, alegando que siempre cumplió con las decisiones judiciales y anunció que se pronunciará tras analizar el fallo.
El caso refleja la tensión entre la independencia del sistema judicial brasileño y las pesiones externas, reafirmando la postura del Gobierno de defender la autonomía nacional frente a intervenciones foráneas.
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