La iniciativa se produce luego que se determinara que el colapso del edificio en construcción en George el pasado 6 de mayo, que costó la vida a 34 personas y causó heridas a 28, era evitable y resultado de múltiples fallas sistémicas.

Durante la presentación de los resultados de las investigaciones sobre el desplome, el ministro de Obras Públicas e Infraestructura, Dean Macpherson, calificó la legislación vigente como “obsoleta”, al subrayar que la Ley Nacional de Regulación y Normas de Edificación no ha sido revisada de forma significativa desde 1996.

Entre las medidas que se implementarán, Macpherson anunció la presentación al Parlamento de un proyecto revisado para fortalecer al Consejo del Entorno de la Construcción (CBE, por sus siglas en inglés), organismo clave en la regulación y fiscalización del sector.

El nuevo marco otorgará mayores poderes de investigación, unificará competencias regulatorias y convertirá al CBE en la principal autoridad supervisora.

Instrumentos inmediatos incluirán la creación de un protocolo de reporte obligatorio de fallas estructurales, y la apertura de una línea telefónica anónima destinada a que trabajadores y el público en general puedan advertir sobre riesgos de seguridad.

Cada alerta desencadenará inspecciones automáticas y, de ser necesario, la clausura inmediata de obras.

Otra novedad será el lanzamiento de un sistema nacional de certificación para profesionales de la construcción, con énfasis en los ingenieros estructurales involucrados en proyectos de alto riesgo, quienes deberán acreditar competencias específicas más allá del registro profesional básico.

“Para intervenciones complejas, la validación de capacidades será obligatoria, tal como ocurre en profesiones como la aviación o la medicina”, remarcó el Ministro.

Las reformas contemplan la modernización de la legislación para incorporar nuevas tecnologías constructivas, estándares de resiliencia climática y modelos de información digital (BIM). Además, se exigirá la centralización y el intercambio de datos de inspección entre organismos como el NHBRC, municipios y el Ministerio de Trabajo, evitando la duplicidad o falta de control.

El Gobierno planea implementar los cambios en tres fases: acciones inmediatas y protocolos de emergencia entre 2025 y 2026, reformas de fondo y sistemas de registro basados en competencias hasta 2028 y, posteriormente, reorganización institucional.

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