A lo anterior se sumó la prohibición a Bolsonaro de usar las redes sociales, por indicios de coacción, obstrucción judicial y atentado a la soberanía nacional.
Cuatro de los cinco magistrados avalaron las restricciones impuestas por el juez Alexandre de Moraes, instructor del proceso por golpismo vinculado a las elecciones de 2022.
La decisión busca prevenir nuevos actos contra el Estado democrático tras el intento de insurrección post-electoral.
El voto disidente del magistrado Luiz Fux argumentó afectación desproporcionada a libertades fundamentales, aunque la mayoría sostuvo la necesidad de las medidas ante riesgos documentados por la Policía Federal.
Las limitaciones incluyen arresto domiciliario nocturno y fines de semana, prohibición de contacto con diplomáticos extranjeros u otros investigados, como su hijo, el diputado Eduardo Bolsonaro.
Bolsonaro exhibió el lunes pasado la tobillera digital ante aliados en el Congreso Nacional y criticó al Supremo Tribunal Federal (STF), acto cuyas grabaciones circulando en redes sociales motivaron un ultimátum de 24 horas de De Moraes para justificar presuntas violaciones.
«Intime a los abogados regularmente designados por Jair Messias Bolsonaro para que, en el plazo de 24 (veinticuatro) horas, presten aclaraciones sobre el incumplimiento de las medidas cautelares impuestas, bajo pena de prisión inmediata del imputado», indicó el ministro.
Según De Moraes, esta acción representa una infracción a las medidas impuestas, pues se utilizaron plataformas digitales de terceros para difundir contenido relacionado con el exparacaidista, algo expresamente prohibido.
Aun así, consideró que la irregularidad fue aislada y que no hay indicios de reincidencia, por lo que no decretó prisión preventiva en esta ocasión.
Con la ampliación de las restricciones se pretende impedir que el excapitán del Ejército utilice interlocutores o plataformas para seguir influyendo políticamente.
Desde que dejó la presidencia en enero de 2023, Bolsonaro ha sido blanco de múltiples investigaciones en el STF y en otras instancias judiciales.
Entre las principales causas aparecen su supuesta participación en intentos de deslegitimar el proceso electivo de 2022, su vinculación con los actos golpistas del 8 de enero de 2023 en Brasilia y la difusión de noticias falsas durante su mandato (2019-2022).
La justicia investiga también si el político ultraderechista lideró una organización criminal dedicada a atacar las instituciones democráticas y manipular la opinión pública a través de redes sociales y medios de comunicación afines.
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