“Este proyecto del Senado 615 no solo afectaría al consumidor puertorriqueño, sino que tendría un impacto directo en múltiples sectores económicos del país”, afirmó Pedro G. Andrés, presidente de la APT al exhortar a la gobernante Jenniffer González a no firmar la medida.
Para los empresarios resulta “altamente preocupante” que la legislatura haya aprobado el proyecto de ley sin realizar consultas ni audiencias públicas, máxime cuando incrementaría de forma significativa el coste de los servicios de telecomunicaciones y obstaculizaría la cadena productiva.
“Busca imponer un impuesto sobre los más de cuatro millones de teléfonos celulares que operan en la isla no sólo se traduce en un intento más de seguir golpeando el ya castigado bolsillo de los consumidores, sino que ampliará la brecha digital”, dijo la presidenta de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Margaret Ramírez Báez.
Destacó, además, que esto los aleja “del tan necesario acceso universal a los servicios de telecomunicaciones, que se requieren en estos tiempos”.
“Nuestro sistema contributivo es demasiado caro y no debe darse el lujo de aumentar las cargas impositivas sin un análisis riguroso, (lo que) es particularmente importante en sectores clave como las telecomunicaciones, esenciales en nuestro entorno social y económico”, dijo la contadora pública autorizada Kenneth Rivera-Robles al hacer un llamado a la prudencia fiscal.
El presidente de la Asociación de Industriales, Rafael Vélez Domínguez, reclamó que la gobernadora González vete el PS 615, conforme a la facultad que le concede la Constitución de Puerto Rico. Aprovechó para que, previo a la aprobación de cualquier legislación como esta, se procure la participación amplia y efectiva de la industria y de expertos técnicos, para desarrollar una definición económicamente pragmática, tecnológicamente viable e integral.
Esto, agregó, “para el bien de nuestro continuo desarrollo económico y nuestra competitividad a nivel nacional, local e internacional”.
“Nuestro sector productivo ya enfrenta desafíos significativos debido a los altos costos de hacer negocios en Puerto Rico”, expresó el presidente de la Asociación de Comercio al Detal, José González.
Consideró “crucial que, al legislar, seamos extremadamente cuidadosos en mantener un equilibrio entre la salud fiscal del gobierno y los municipios, el desarrollo económico y la estabilidad del empleo, evitando así elevar aún más el costo de vida en la isla”.
“Las telecomunicaciones, en particular, son un elemento vital para nuestras empresas, la vida cotidiana, la provisión de servicios esenciales y el manejo de emergencias”, planteó González.
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