El pedido formal de retiro de esa condición, que incluye al ministro de Cultura y Juventud, Jorge Rodríguez Vives, solicita al Congreso que lo analice, discuta y resuelva, luego de una acusación penal en abril por la Fiscalía contra ambos funcionarios, según el diario Delfino.cr.

La Corte Suprema de Justicia, reunida en Corte Plena, aprobó el 1 de julio, por mayoría de 15 votos contra 7, trasladar al Congreso la denuncia del Ministerio Público, que emplaza a ambos gobernantes por un presunto delito de concusión, tipificado en el artículo 355 del Código Penal y sancionado con penas de entre dos y ocho años de prisión.

El argumento de la acusación penal comprende una contratación de servicios de comunicación por valor de 405 mil 800 dólares, mediante un convenio con el Banco Centroamericano de Integración Económica.

Según la Fiscalía, el contrato fue adjudicado a la institución nombrada RMC La Productora S. A. y fraguado a nombre del empresario Christian Bulgarelli Rojas, con el presunto fin de beneficiar a personas allegadas al presidente.

Los supuestos beneficiarios incluyen a Federico Cruz Saravanja, exasesor de imagen de Chaves, quien habría recibido 32 mil dólares para la compra de una vivienda, precisó Delfino.cr.

De acuerdo con la investigación, Chaves y Rodríguez (entonces jefe de despacho presidencial) sostuvieron reuniones previas con Bulgarelli en la Casa Presidencial, donde le habrían instruido redactar los términos de referencia del contrato.

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