Dicha cifra equivale a un promedio de 2,4 crímenes mortales diarios, lo cual conduciría a cerrar el 2025 con entre 880 y 900 homicidios, añadió el subdirector de esa institución, Michael Soto, citado por el periódico AM Prensa.

“El 79 por ciento de los hechos de sangre están vinculados al uso de armas de fuego y un 74 por ciento a ajustes de cuentas o venganzas por pugnas territoriales entre esos grupos criminales”, explicó el funcionario.

La violencia sigue en aumento –aseguró Soto- en especial en la provincia metropolitana de San José y la nororiental Limón, donde ocurren importantes reacomodos de poder entre las estructuras delictivas.

El sur de la capital, en particular, vive una etapa crítica, con una fuerte “resiliencia criminal” provocada por la caída de cabecillas en manos de la Policía o asesinados, puntualizó el subdirector del OIJ.

“Algunos grupos independientes –subrayó- están tratando de tomar territorios, aprovechando la caída de líderes, lo cual genera más pugnas, violencia y muertes”.

Según Soto, los citados movimientos entre esos grupos homicidas responden, entre otras causas, “al vacío que dejan las propias detenciones de figuras mafiosas importantes. Surgen, además, nuevos liderazgos que buscan tomar territorios, lo que incrementa las acciones violentas».

El OIJ realiza entre 8 y 10 allanamientos diarios, sobre todo por delitos ligados al narcotráfico y a los tiroteos por ajustes de cuentas, aunque los agentes aprecian una disminución importante en la suroriental región de Puntarenas.

De acuerdo con el ejecutivo, la solución a largo plazo va más allá de la policía, porque, “si bien el OIJ está total y absolutamente comprometido en el enfrentamiento contra la criminalidad, la solución a mediano y largo plazo requiere inversión en desarrollo humano”.

“La contención es policial –subrayó- pero para reducir la violencia se necesita educación, oportunidades, cultura y programas sociales. Si no hay intervención estructural, la violencia seguirá reapareciendo».

La inseguridad constituye en el país centroamericano una preocupación constante entre la población, el gobierno, el Congreso y las instituciones judiciales, que coinciden en asociar los crímenes con el aumento del narcotráfico y la consiguiente proliferación de armas de fuego.

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