La concentración comenzó en las afueras del Ministerio de la Mujer, cuyas funciones pasarán al Ministerio de Gobierno con la reciente reestructuración institucional del Ejecutivo, medida duramente criticada por diversos colectivos, sobre todo feministas.

El Gobierno implementa una ofensiva que desmantela el Estado, reprime la organización social y profundiza una agenda neoliberal violenta, denunció una de las manifestantes durante la apertura de la marcha, convocada en rechazo al decreto ejecutivo 60.

Esa disposición, emitida la pasada semana, ordena la reducción de ministerios de 20 a 14, y de secretarías, que pasan de nueve a tres, y, además, pone en riesgo miles de empleos públicos.

La movilización estuvo marcada por carteles y consignas de “¡Fuera, Noboa, fuera!”, “El que no salte es de cartón”, en alusión a las figuras con la imagen del mandatario, y también otros mensajes en referencia a cómo las medidas se alinean con la receta del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Entre los puntos del recorrido de la protesta también estuvo el Ministerio del Ambiente —ahora fusionado con Energía y Minas— para denunciar el retroceso en materia ambiental y la amenaza que representa para los territorios, comunidades y la naturaleza.

Posteriormente, se dirigieron a la embajada de Israel en Quito, un acto simbólico de repudio a la política exterior del gobierno ecuatoriano, que mantiene vínculos con un Estado acusado por crímenes contra el pueblo palestino.

De ahí los asistentes caminaron hasta la sede del Ministerio de Cultura y Patrimonio, que se subordinará a la cartera de Educación, lo cual generó indignación del sector artístico.

Esta manifestación se enmarca en un contexto social de malestar general tanto por la fusión de ministerios y los despidos, como por las leyes urgentes aprobadas en las últimas semanas, y una nueva normativa sobre las organizaciones no gubernamentales propuesta esta misma semana.

“Este gobierno está cumpliendo con las imposiciones del FMI (…) La ciudadanía está viendo cómo se desmonta el sistema público que costó años construir. No podemos permitirlo”, denunció Alejandra Santillana, del colectivo Yasunidos.

Si bien el Gobierno descartó que las decisiones respondan a exigencias del FMI, no presentó estudios o dictámenes técnicos que respalden la idoneidad de las medidas.

Los colectivos sociales y sindicales anunciaron nuevas movilizaciones para las próximas semanas, para exigir respeto a los derechos sociales, laborales, ambientales y culturales, y contra un modelo de gobierno que consideran regresivo.

rc/avr