En el fin de semana comenzó la celebración agostina, la fiesta más grande y tradicional de El Salvador, durante la cual se realizan rituales religiosos y actividades de entretenimiento con música, fuegos artificiales, desfiles y fiestas.
En ese ambiente, la Asamblea Legislativa celebró una sesión durante la cual aprobaron reformas a la Constitución, la prórroga 41 del régimen de excepción que permitió el envío a prisión de unos 88 mil pandilleros y una iniciativa para retirar al país del Parlamento Centroamericano (Parlacen)
Las reformas a la Carta Magna incluyeron la eliminación de la prohibición a la elección presidencial continua y otras acciones vinculadas con el tema que el secretario general del Frente Farabundo Martí, Manuel Flores, calificó de “golpe de Estado legislativo”.
“Esto no es una simple reforma; es el entierro de la República, es la legalización de la dictadura, es la señal más clara de que quieren borrar toda oposición, toda crítica y toda voz libre”, subrayó el dirigente opositor.
Aseveró que la aprobado es ilegal e ilegítimo. ”La ley es clara, prohíbe la reelección presidencial inmediata e indefinida. Esa prohibición no es un capricho, es la garantía que evita que un individuo (cualquiera que sea) se convierta en tirano”, afirmó.
La principal fuerza de izquierda del país ante la acción del partido Nuevas Ideas, del presidente Nayib Bukele, propuso la formación de un bloque o coalición democrática y popular que trascienda partidos y se base en el compromiso real con la justicia social y la democracia.
La reforma aprobada por el partido en el gobierno levantó críticas de agrupaciones que antes eran mayoritarias como la Alianza Republicana Nacionalista (Arena) y el FMLN, a lo que se sumó VAMOS, cuyos miembros estiman que lo que ocurrió fue un atentado a la democracia.
El grupo gobernante varió artículos de la Constitución de la República a fin de extender el periodo presidencial y que la reelección sea indefinida, eliminar la segunda vuelta en la elección presidencial y que se hagan elecciones generales en 2027, una acción que Arena dijo “pretende herir de muerte a la democracia”.
El arzobispo de San Salvador, Monseñor José Luis Escobar Alas, opinó sobre esta acción que las reformas a la Constitución de la República, ratificadas por Nuevas Ideas, deben ser consultadas con la ciudadanía, ya que decisiones como esta “no se pueden hacer de inmediato” porque significa “un cambio grande en el sistema democrático”.
En la semana, el Tribunal de Sentencia de San Vicente prosiguió con los intentos de condena a ocho excombatientes vinculados con el caso conocido como Santa Marta, participantes en un presunto asesinato en 1989.
Los acusados son conocidos como lideres ambientalistas con un amplio trabajo contra la minería metálica y los críticos estiman que el proceso tiene fines políticos.
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