Para el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) y el movimiento Pachakutik de la provincia de Cotopaxi, la decisión del organismo judicial “representa un paso fundamental para frenar el avance autoritario y antipopular de un gobierno que legisla a favor de intereses económicos concentrados”.

“Advertimos que, ante cualquier intento de presión política o de desacato por parte del Ejecutivo, nos mantendremos en vigilancia en defensa del orden democrático y los derechos”, señalaron en un comunicado.

Por su parte, la Unión Nacional de Educadores (UNE) señaló que si bien el pronunciamiento de la Corte no constituye un juicio anticipado es “un avance inicial en el camino de la defensa de los derechos y la Constitución”.

La víspera, tras el anuncio de la Corte de suspender la aplicación de 17 artículos de la Ley de Solidaridad Nacional, la Ley de Inteligencia y la Ley de Integridad Pública, la ministra de Gobierno, Zaida Rovira, y el titular de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, se pronunciaron en cadena nacional en rechazo al fallo.

“Admitir a trámite y suspender provisionalmente no es un acto neutro, es dejar sin efecto las leyes, es dejarnos sin defensa y mientras ellos (policías y militares) se liberan en sus despachos ¿Quién va a darles respuesta a los que están jugándose la vida en las calles?”, dijo Rovira.

Luego, este martes en la mañana, Noboa presentó siete preguntas que propone que vayan a consulta popular y referendo en diciembre de este año.

Entre los cuestionamientos sugiere que los jueces de la Corte Constitucional puedan ser sometidos a juicios políticos.

El abogado constitucionalista André Benavides no concibe que los jueces constitucionales sean sujetos de control político, sobre todo, porque no se imagina que se haga un control desde la Asamblea a las sentencias de la Corte Constitucional.

Mientras, el jurista Washington Andrade opinó que el accionar del Ejecutivo y Legislativo representa “una amenaza a la independencia de la Corte Constitucional”.

Andrade repudió lo que para él constituye una forma de manipular la política y respaldó el accionar de la Corte, a cuyos magistrados pidió no amilanarse ante las presiones del Ejecutivo.

En ese contexto, organizaciones sociales y sindicales convocan a una movilización el 7 de agosto próximo en esta capital, pues pese a la decisión jurídica, aún no hay un fallo definitivo contra las normativas que acumulan más de 20 demandas de inconstitucionalidad.

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