En conferencia de prensa, en la que la alianza Pueblo Unido por la Vida presentó un pronunciamiento al país denominado “La lucha continúa, por la justicia social, la democracia y los derechos humanos”, se conoció que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y Naciones Unidas serán dos de esas instancias a las que apelarán los colectivos.

A pregunta de Prensa Latina, Eduardo Gil, secretario general de Convergencia Sindical y uno de los voceros de la alianza, precisó que ya lograron que Panamá sea incluido en un listado de la OIT sobre las 24 naciones violadoras de la libertad sindical.

En junio de 2026, agregó, tendrá lugar la 114 reunión de la Conferencia de la OIT, con la participación de representantes de los gobiernos, de los empleadores y de los trabajadores de los 187 Estados Miembros ; de mantenerse Panamá en esos listados originaría una intervención directa del organismo y el Ejecutivo estaría obligado a responder ante esta demanda.

Gil subrayó que debido al impacto económico que implican y su incidencia en acuerdos de cooperación, también se vería afectado el interés del Gobierno en participar de otras entidades regionales y mundiales como la Unión Europea, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, y el Mercado Común del Sur.

Las normas de esas entidades, recordó, sobre todo en el capítulo laboral y social, obligan al Estado a cumplir compromisos y solucionar irregularidades, so pena de que sea considerado como un país inestable.

Por su parte, el abogado Jorge Guzmán, a nombre de la Coordinadora Popular de los Derechos Humanos, denunció que el Gobierno de José Raúl Mulino se niega a aceptar evidencias presentadas ante la Fiscalía sobre asesinatos, torturas, detenciones arbitrarias, desapariciones forzosas y otros vejámenes cometidos por la fuerza pública contra manifestantes contra una norma de pensiones en la occidental provincia de Bocas del Toro y comunidades originarias de Chiriquí y Arimae (Darién).

Como país signatario del Pacto Internacional de Derechos Políticos y Civiles, dijo, este Gobierno deberá responder por los crímenes de lesa humanidad y el uso abusivo del poder ante instancias como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Comité de Desapariciones Forzosas y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, entre otras.

Otros voceros de la alianza como Yamir Córdoba, del sindicato de los obreros de la construcción, rechazaron ataques contra ese gremio como la cancelación de su cooperativa y le pretensión de disolver a la organización.

Mientras, Nelva Reyes, del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados, anunció una concentración ante la Asamblea Nacional (parlamento) el martes 12 de agosto para exigir la derogación de la Ley 462 de la Caja de Seguro Social, aún vigente,

La protesta también reclamará que se anule un memorando de entendimiento sobre seguridad suscrito en abril con Estados Unidos, lesivo a la soberanía; y la intención del Ejecutivo de reabrir una mina de cobre en Donoso (Colón) y avanzar con la construcción de un embalse para el Canal de Panamá, en rio Indio, pese al rechazo de las pobladores de ese territorio.

Para redefinir estrategias, también adelantaron la celebración próximamente de un Congreso Nacional por la Soberanía Nacional, los Derechos Humanos y la Democracia, otra de las acciones del movimiento popular como parte de una lucha que continúa, según aseguraron.

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