Inspectores encontraron a trabajadores reclutados de las regiones norte y noreste del país en condiciones degradantes en la obra TAO Constructora, en la zona rural de la jurisdicción.

La operación comenzó el 20 de julio y reveló condiciones laborales insalubres en una planta de etanol.

Según los inspectores, un incendio que afectó parte de las viviendas fue presuntamente provocado por obreros como protesta por los constantes cortes de electricidad y agua potable.

Las condiciones comprometieron la salud y la comodidad en las viviendas, además de impedir un descanso adecuado debido al calor extremo de la zona.

El fuego reveló un panorama alarmante de escenarios precarios y violaciones laborales. Los dormitorios medían tan solo 12 metros cuadrados y tenían capacidad para cuatro personas, sin ventilación ni aire acondicionado adecuados.

De acuerdo con la Fiscalía del Trabajo, los trabajadores dormían en habitaciones sobrecalentadas, con un solo ventilador para cuatro personas, y recibían únicamente una sábana fina para cubrir colchones desgastados y de mala calidad.

No se proporcionaban almohadas, fundas ni ropa de cama adecuada. El hacinamiento era evidente. Algunos trabajadores incluso dormían en el suelo debajo de las mesas cuando no había camas disponibles.

Los problemas de electricidad agravaron la situación en los días previos a la deflagración, interrumpiendo el suministro de agua de los pozos.

Ante la falta del líquido, los trabajadores reportaron tener que ducharse con tazas y hacer largas filas para usar los baños sucios.

El día de la quema, camiones cisterna comenzaron a recoger agua del río Tapirapé, pero la suministrada estaba turbia y no era apta para el consumo.

La ignición destruyó los alojamientos de hombres y mujeres, así como parte de la panadería y la caseta de seguridad de la obra.

El grupo de trabajo también detectó graves irregularidades.

Los trabajadores laboraban en condiciones insalubres, con falta de ventilación, polvo excesivo e instalaciones de comedor inadecuadas.

Desde 1995, cuando se crearon los grupos especiales de fiscalización móvil, hasta 2022, más de 60 mil personas fueron apartadas de labor análoga a la esclavitud en el gigante sudamericano.

Someter a alguien a cualquier despreciable faena es considerado crimen en Brasil.

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