«Hoy hago un llamamiento abierto a todos a una acción de desobediencia civil total. No paguen impuestos durante un mes, no hagan nada que el Estado les exija. En un mes acabaremos con el gobernante Partido de Acción y Solidaridad, y les doy mi palabra de hombre», declaró Sor en un mensaje de video divulgado por el servicio de prensa del bloque.

Además, el político había anunciado previamente huelgas indefinidas en la capital a partir del 16 de agosto. Ahora ha vuelto a convocar a los residentes del país a participar en una protesta multitudinaria prevista para ese mismo día en la plaza de la Gran Asamblea Nacional, en el centro de Chisináu.

«Hago un llamado a todos (GMT+3) a que el sábado a las 15.00 hora local se reúnan masivamente en la plaza con tiendas de campaña, se instalen y acampen allí. Les compensaré su salario en base a tres mil dólares mensuales», declaró Sor.

En su discurso, el político instó a los manifestantes a no ceder ante las amenazas de la policía, señalando la desproporción entre el número de agentes del orden y la población adulta del país. «Hay poco más de 10 mil policías, y ustedes son dos millones», enfatizó.

A principios de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia de Moldavia confirmó la decisión de la Comisión Electoral Central (CE) de denegar el registro de Pobeda para las próximas elecciones. Representantes del bloque opositor anunciaron su intención de apelar ante organismos internacionales, incluido el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Las elecciones parlamentarias de Moldavia están programadas para el próximo 28 de septiembre. Chisináu pretende prohibir las protestas públicas 30 días antes y 30 días después de los comicios.

Para denegar el registro a los candidatos indeseables, el gobernante Partido de Acción y Solidaridad propuso ampliar las facultades del servicio de seguridad bajo el pretexto de «la lucha contra la corrupción electoral».

Además, el 5 de agosto, la justicia moldava condenó a la líder de la región autónoma de Gagaúzia, Eugenia Gutul, a siete años de cárcel y el pago de 2,4 millones de dólares, afirmando que ese monto fue transferido a ella para financiar el partido Sor, declarado anticonstitucional.

La propia jefa de Gagaúzia calificó esa sentencia como una condena a todo el sistema democrático de Moldavia y acusó a la presidenta Maia Sandu de usar represiones como un instrumento de lucha contra la disidencia.

Los abogados de Gutul planean recurrir ese dictamen. Los partidarios de la líder de Gagaúzia organizan desde el 5 agosto mítines en su apoyo.

mem/gfa