Noboa ya envió a la Corte Constitucional la petición para analizar si ese cuestionamiento puede aparecer en la papeleta de la consulta popular y referendo que el Ejecutivo pretende materializar a finales de este 2025.

El año pasado Noboa incluyó una interrogante similar en su primera propuesta de consulta popular, sin embargo, en medio de los cuestionamientos sobre la pertinencia de ese tipo de espacios, el propio jefe de Estado quitó la pregunta de la lista.

“En función del contexto actual que vive el Ecuador, me permito no insistir en mi petición original, exclusivamente de la pregunta 11, por considerar que el debate ciudadano relacionado con esta temática no es oportuno”, dijo el mandatario en aquel momento.

Ahora, más de un año después, el Gobierno pone nuevamente sobre la mesa la propuesta de los casinos y sugiere destinar 25 por ciento de las ventas a programas sociales, como luchar contra la desnutrición crónica.

Los casinos en Ecuador, prohibidos en 2011, por el gobierno del presidente Rafael Correa, quien advirtió sobre los peligros de la ludopatía, así como el riesgo que representan esos negocios para el lavado de dinero en un contexto de narcotráfico y crimen organizado.

La insistencia en el regreso de los sitios para juegos podría estar vinculado con un interés particular para el Grupo Nobis, fundado y presidido por Isabel Noboa, tía del mandatario, advirtió el medio local Radio Pichincha.

Ese grupo empresarial opera en la industria hotelera ecuatoriana a través de su división Six Star Hotels, que administra establecimientos considerados de alta gama y en los que, de aprobarse la medida, podrían instalarse los casinos.

Corresponde ahora a la Corte Constitucional -organismo con el cual presidente mantiene una pugna por la suspensión parcial de tres leyes- dar el visto bueno a esa y a las otras cuatro preguntas con las cuales el jefe de Estado pretende reformar la Carta Magna.

Más temprano este jueves se supo que Noboa remitió al tribunal constitucional sus propuestas de preguntas para permitir la contratación laboral por horas en el sector del turismo y reducir el número de asambleístas.

Además, busca eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social y posibilitar que los jueces de la Corte Constitucional sean sujetos a juicio político.

Hace unos días, la propia Corte avaló la interrogante para un referendo sobre la presencia de bases militares extranjeras en el país, luego de un análisis del tema en la Asamblea Nacional (Parlamento).

Otro asunto que Noboa quiere incluir en el proceso consultivo y que ya pasó el análisis previo del Legislativo es la posibilidad de eliminar el financiamiento estatal a las organizaciones políticas.

arc/avr