“Estoy profundamente preocupada por las declaraciones e iniciativas del Gobierno que parecen tener la intención de desacreditar, desde la más alta esfera del Poder Ejecutivo, la labor de la Corte Constitucional”, expresó Satterthwaite en su cuenta de la red social X.
La experta comentó que esa situación combinada con la propuesta de un referendo que pretende habilitar el sometimiento de los magistrados constitucionales a juicio político, podría percibirse como un intento de socavar la independencia judicial y podrían tener un efecto amedrentador sobre la capacidad de los jueces para actuar con independencia.
En un comunicado, la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU señaló que la relatora ha estado en contacto con el Gobierno de Ecuador en relación con estas preocupaciones.
La víspera, la propia representante de Naciones Unidas se pronunció en un video contra las presiones políticas a la justicia.
Sus declaraciones se producen pocos días después de que el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, encabezara una marcha en Quito contra la Corte Constitucional por suspender temporalmente artículos de tres leyes de interés del Ejecutivo.
El mandatario y sus ministros señalaron a los jueces del órgano de control constitucional de oponerse a las acciones contra el crimen.
Si bien en una democracia es posible que haya desacuerdo con las decisiones judiciales, los líderes políticos y las personas que ocupan cargos públicos tienen una enorme responsabilidad debido a su capacidad para influir en la agenda de los medios de comunicación, el debate público y la opinión”, añadió
La movilización encabezada por Noboa contra la Corte Constitucional ecuatoriana generó diversas reacciones de rechazo en el ámbito jurídico y social nacional.
El mismo día de la movilización aparecieron en Quito vallas con los rostros de los jueces junto acusados de “robar la paz”.
La Corte Constitucional repudió ese tipo de mensajes y pidió a la ciudadanía el respeto a la independencia judicial.
En medio de esta tensión, el presidente Noboa propuso entre sus preguntas para un referendo que los jueces constitucional puedan ser enjuiciados políticamente en la Asamblea Nacional (Parlamento), que actualmente cuenta con mayoría oficialista.
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