Confesa adepta del expresidente Jair Bolsonaro, la especialista en moños y recogidas resulta responsable por pintar con lápiz labial la frase «perdido, mané» (usada por bandidos y vagabundos después de cometer un robo) en la figura de granito de la Justicia.

La obra del artista Alfredo Ceschiatti está ubicada frente al palacio del Supremo y representa a una mujer, sentada y vendada, sosteniendo una espada, uno de los símbolos más utilizados para caracterizar las diosas greco-romanas de las leyes y la justicia.

Firmada por el juez Alexandre de Moraes, la decisión confirmó íntegramente la sentencia que convirtió a Rodrigues Dos Santos en una de las acusadas más severamente condenadas entre quienes perpetraron episodios antidemocráticos en la Plaza de los Tres Poderes, en Brasilia.

La defensa de la peluquera argumentó que las acciones de su cliente fueron simbólicas y no delictivas, pues solo rasgueó con lápiz labial una frase. Sin embargo, el gesto se consideró parte de un ataque coordinado contra las instituciones democráticas.

También la apelación solicitó una reducción de la pena con base en el voto particular de los jueces Luiz Fux y Cristiano Zanin, quienes discreparon con la sentencia y no la condena.

De Moraes, al denegar la petición, enfatizó que el llamado embargo por infracción solo puede utilizarse cuando al menos dos magistrados votan a favor de la absolución, lo cual no ocurrió.

El enunciado pintado evocó una provocación realizada en Nueva York por Luis Roberto Barroso, presidente del STF, a un partidario de Bolsonaro que impugnaba las elecciones de 2022.

La reacción inmediata elevó el perfil de la acusada, quien comenzó a ser tratada por la oposición como una especie de mártir del 8 de enero, en un intento por reducir el impacto político de las sentencias más severas dictadas por el Supremo.

A pesar de la movilización de sectores pro-Bolsonaro, el tribunal entiende que la participación de la imputada no se limitó a un gesto aislado, sino que simbolizó un ataque directo a la autoridad del STF y a la legalidad del proceso democrático.

Bajo gritos de intervención militar, seguidores radicales del exmandatario irrumpieron violentamente y desvalijaron en esa fecha las sedes capitalinas del Congreso Nacional, el Supremo y el Palacio del Planalto, baluarte del Poder Ejecutivo.

Cerca de cuatro mil manifestantes extremistas intentaban obstaculizar de esta forma el ascenso al poder del actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien derrotó en urnas en octubre de 2022 al político ultraderechista que ambicionaba la reelección.

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