Las acciones (desde anoche en rechazo a decisiones unilaterales administrativas) afectan los servicios esenciales, precisó la entidad estatal encargada allí de la gestión y operación.

Los manifestantes expresaron que se pretende deslegitimar su justa protesta calificándola de “represalia ilegal”, e intentan responsabilizarlos por afectaciones económicas y operativas.

Rechazaron toda narrativa que busque criminalizar la organización sindical y el derecho a la protesta, al tiempo que repudiaron cualquier intento de privatización de entidades del Estado.

La Cámara de Comercio Guatemalteco-Americana (AmCham) señaló que estas acciones interrumpen operaciones cruciales para el comercio chapín e internacional.

Los cierres, según la entidad, afectan directamente la facilitación del comercio global, la competitividad y la confianza de los inversionistas —tanto locales como extranjeros—, lo que erosiona la economía y frena los esfuerzos destinados a impulsar el desarrollo.

AmCham consideró urgente garantizar la liberación inmediata de los accesos al puerto para restablecer las operaciones logísticas y aduaneras y así evitar mayores repercusiones en las cadenas de suministro.

Llamó a fomentar un diálogo interinstitucional y constructivo que atienda las inquietudes legítimas sin comprometer el bienestar de la economía guatemalteca.

La Cámara del Agro manifestó, por su parte, su profunda preocupación ya que esa infraestructura estratégica moviliza el 40 por ciento de la carga de la tierra del quetzal.

Exigió a las autoridades correspondientes restablecer de inmediato las operaciones y garantizar la continuidad de este servicio esencial.

La Cámara de Industria de Guatemala tildó de inaceptable que un pequeño grupo de trabajadores operativos recurra a este tipo de medidas de presión, poniendo por encima el interés particular sobre el desarrollo de toda la nación.

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