La situación es que la entidad (desde el lunes paralizada por un grupo de trabajadores en rechazo a decisiones unilaterales administrativas) se mantiene en un paro de labores, declaró a Emisoras Unidas el presidente de la junta directiva José de la Peña.

Negó que hayan podido atender buques, mientras subrayó que están intentando atracar uno y, además, la carga de contenedores está detenida como consecuencia de la medida de presión, en el nororiental departamento de Izabal.

Dejamos siempre la ventana de diálogo, porque no estamos para perder el tiempo peleando ni paralizando al país, remarcó el funcionario.

Buscamos soluciones por la vía legal para finalizar esta huelga ilegal; que un juez autorice despedir a todos y meter a un equipo de trabajo que sí quiera trabajar, planteó.

Los manifestantes expresaron antes que se pretende deslegitimar su justa protesta calificándola de “represalia ilegal”, e intentan responsabilizarlos por afectaciones económicas y operativas.

Rechazaron toda narrativa que busque criminalizar la organización sindical y sus derechos, al tiempo que repudiaron cualquier intento de privatización de entidades del Estado.

Al menos nueve buques están demorados en sus maniobras de carga, lo cual afecta el flujo de 800 contenedores diarios, expusieron exportadores, citados por el diario Prensa Libre.

Estimaron que hasta 20 buques portacontenedores por semana podrían ver impactada su rotación en los puertos del Atlántico y de la Cuenca del Caribe.

La crisis, según expuso el medio, se da en medio de una próxima auditoría de la Guardia Costera de los Estados Unidos y de la planificación para instalación del grupo de agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, en inglés) de ese mismo país.

Cámaras empresariales reiteraron su preocupación por la suspensión de actividades y las consecuencias que se pueden generar en el corto plazo para las exportaciones e importaciones.

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