Los nepalíes afectados por el fallo han vivido de manera legal en territorio estadounidense por más de una década, mientras que los beneficiarios de Honduras y Nicaragua han residido por más de 26 años.

En una breve orden, un panel unánime de tres jueces del Noveno Circuito de Apelaciones de Estados Unidos acordó suspender el veredicto de una corte inferior que había impedido al Gobierno federal rescindir las protecciones a esos miles de inmigrantes indocumentados para vivir y trabajar aquí legalmente.

El Gobierno había solicitado al tribunal de apelaciones, con sede en San Francisco, que aboliera la orden de la jueza federal Trina Thompson -designada por el expresidente Joe Biden-, argumentando que se excedió al dictaminar en julio que la administración no podía concluir el programa mientras continuaba el litigio en las cortes.

El panel que emitió la orden este miércoles -con jueces designados por Trump, William Clinton y George W. Bush- dijo que volverá a analizar esta cuestión una vez que se resuelva otro caso similar sobre la decisión del Gobierno de acabar también con el TPS para venezolanos.

Los inmigrantes bajo el TPS habían demandado al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) alegando que concluyó un amparo, que los protegía de la expulsión de este país, debido a “animosidad racial”.

La subsecretaria del DHS, Tricia McLaughlin, argumentó a inicios de agosto que esta suspensión responde a un mandato para “restaurar la integridad” del sistema migratorio y regresar la meta original del TPS, el cual “nunca se concibió como un sistema de asilo de facto”, que es como “lo han utilizado las administraciones anteriores durante décadas”, subrayó.

La decisión de la administración Trump de poner punto final al TPS forma parte del amplio esfuerzo por endurecer las reglas de inmigración y limitar el número de migrantes indocumentados que residen en Estados Unidos.

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