La reunión, a la que también acuden la cúpula militar y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, acontece después de que en la referida urbe explotara un camión cargado con artefactos explosivos y provocó al menos seis fallecidos, más de 70 heridos y cuantiosos daños materiales.

Debido a la situación el alcalde de Cali, Alejandro Eder, ordenó la militarización de la ciudad.

Comunicó que se reforzaron con presencia policial las entradas y salidas del territorio, en tanto se ordenó el despliegue de todos los organismos de seguridad.

Más temprano también durante esta jornada, como consecuencia de un ataque a un helicóptero en el municipio de Amalfi, en el departamento de Antioquia, fallecieron una docena de policías que acometían labores de erradicación de campos de coca.

En respuesta, el jefe del Estado Mayor de Operaciones de las Fuerzas Militares, general Hugo López, ordenó el acuartelamiento de primer grado en todas las unidades militares.

La medida significa que todos los pelotones, compañías, brigadas, divisiones y sus equivalentes deben permanecer en estado de alerta.

El jefe de Estado condenó durante un discurso pronunciado en horas de la tarde ambos sucesos.

Aseguró que los dos hechos constituyen actos de terrorismo y de lesa humanidad, ejecutados por estructuras armadas que han subordinado sus acciones al grupo criminal Junta del Narcotráfico, que tendría su sede en Medio Oriente.

“El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por ‘Iván Mordisco’ (cabecilla del autodenominado Estado Mayor Central) y que se han supeditado al control de la Junta del Narcotráfico, que opera internacionalmente como una confederación de mafias”, afirmó.

En este punto, solicitó al Estado colombiano, y a la comunidad internacional, declarar a la Junta del Narcotráfico y a sus brazos armados en Cauca, Guaviare, Antioquia y el Caribe colombiano como organizaciones terroristas, entre ellas el Estado Mayor Central, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo.

Según apuntó, esta designación significa que los integrantes de estos grupos deben ser perseguidos en cualquier lugar del planeta.

Ante el deterioro de la situación de orden público no se descarta que el gobierno decrete la conmoción interior, un estado de emergencia que busca un mayor despliegue de la fuerza pública y la priorización de inversiones en el sector social.

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