Este jueves, en una audiencia comunitaria de justicia indígena, los uniformados pidieron disculpas públicas al expresidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie).

En el acta pública de la sesión, realizada en la localidad de Planchaloma, quedó constancia de que los uniformados fueron entregados en buenas condiciones de salud y que la camioneta en la que se movilizaban no sufrió daños.

No obstante, permanecerán en cadena de custodia los dispositivos tecnológicos incautados donde hallaron entre tres mil y cinco mil archivos, cuyos datos confirmarían que, en efecto, seguían a Iza, a quien identificaban como el “cuy” o “capibara”.

Los policías fueron retenidos en la noche del pasado lunes junto a la vivienda de Iza, después de ser sorprendidos grabando al exlíder de la Conaie desde un vehículo, e incluso, los acusan de que intentaron atropellarlo.

A lo largo de la audiencia pública, que contó con presencia de delegados de la Defensoría del Pueblo y de la Cruz Roja Ecuatoriana, los uniformados alegaron que cumplían órdenes y debían verificar que Iza se encontraba en su vivienda, pero rechazaron haber tratado de matar al dirigente.

El titular de la Conaie aceptó las disculpas de los policías a nivel individual, pero manifestó que seguramente seguirá siendo perseguido.

“Debe quedar clara la responsabilidad política y militar por parte del Estado ecuatoriano en la cabeza del presidente Daniel Noboa”, señaló.

El líder indígena rechazó castigar a los tres agentes que seguían órdenes de sus superiores y confió en que la justicia ordinaria actúe contra este tipo de seguimientos sin orden judicial a líderes sociales.

Paralelamente, este jueves, Iza alertó que, pese a haber presentado pruebas de atentados en su contra, le pusieron una denuncia en su contra, por secuestro.

“Vienen a perseguirme en mi casa, en mi comunidad, y resulta que tengo un nuevo proceso ahora por secuestro”, indicó el dirigente indígena que fue candidato presidencial por el movimiento Pachakutik.

La justicia indígena en Ecuador está reconocida por la Constitución y permite a las comunidades originarias resolver conflictos internos de acuerdo con sus costumbres, prácticas ancestrales y normas propias.

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