Tras concluir un cónclave de tres días celebrado en esta ciudad, el presidente de la estructura nacional de líderes tradicionales, Kgosi Thabo Seatlholo, advirtió que el derecho de designar herederos corresponde exclusivamente a las familias reales y no debe ser condicionado por intereses económicos vinculados a la explotación de recursos naturales.
“Los asuntos de la realeza son sagrados y sensibles. No se debe imponer a personas para manipularlas y apropiarse de los beneficios comunitarios”, afirmó.
Seatlholo recalcó que los minerales y recursos de las áreas rurales deben servir para el bienestar de los pueblos locales, sin que autoridades gubernamentales o políticos gestionen nombramientos con el objetivo de controlar ganancias derivadas de la minería o de contratos de negocios.
El encuentro de tres días reunió a representantes de la Casa Nacional de Líderes Tradicionales y Khoi en la localidad situada al este de Johannesburgo.
Al debate fueron convocados representantes de partidos como el Congreso Nacional Africano (ANC), Combatientes por la Libertad Económica (EFF), el MK Party y Action SA, en respuesta a denuncias sobre interferencias políticas en disputas de sucesión, particularmente en las provincias de Free State y North West.
También se abordó la necesidad de fortalecer los vínculos entre el Estado y las casas reales en una relación basada en el respeto mutuo y la preservación cultural.
Participantes coincidieron en que socavar la autoridad tradicional mediante maniobras partidistas erosiona la cohesión social e incrementa tensiones en regiones donde las autoridades consuetudinarias aún ejercen funciones esenciales.
Las casas reales poseen un rol histórico reconocido en la Constitución de Sudáfrica como guardianas de la identidad cultural y actores de mediación comunitaria. En contextos rurales, su influencia abarca temas de tierras, costumbres y administración local, lo que convierte los intentos de injerencia política en un factor de inestabilidad.
Al cierre del evento los líderes tradicionales hicieron un llamado a reforzar su autonomía y garantizar que la explotación de minerales revierta en desarrollo sostenible, educación y mejoras en la calidad de vida de las comunidades directamente afectadas.
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