La decisión emergió tras la imposición de un impuesto adicional del 50 por ciento sobre gran parte de las exportaciones nacionales, decretado por el presidente estadounidense, Donald Trump, a comienzos de agosto.
Según la normativa aprobada en julio, Camex dispone de 30 días para determinar si la medida de Washington encaja en los supuestos que justifican una respuesta económica de Brasil.
De ser afirmativo, se formará un grupo de trabajo encargado de diseñar contramedidas que podrían alcanzar sectores de bienes, servicios o incluso propiedad intelectual.
Formalmente mañana el Ministerio de Relaciones Exteriores notificará a la Casa Blanca, aunque asegura que los canales diplomáticos continúan abiertos para la negociación.
El arancel norteamericano, en vigor desde el 6 de agosto, fue justificado por Trump en términos políticos, al alegar presunta persecución judicial contra el expresidente y aliado ideológico Jair Bolsonaro, acusado por intento de golpe de Estado.
La interpretación brasileña es distinta: considera la medida un castigo arbitrario que rompe las reglas del comercio internacional y amenaza el flujo de negocios bilaterales.
Desde el anuncio del impuesto, Brasil desplegó gestiones diplomáticas y jurídicas en paralelo. Busca un canal de diálogo directo con Washington, sin resultados hasta ahora.
Además, el gigante sudamericano abrió consultas en el marco de la Organización Mundial del Comercio y contrató un bufete especializado en Estados Unidos para preparar su defensa.
La Ley de Reciprocidad, reglamentada recientemente, fue concebida precisamente como un instrumento de presión frente a socios comerciales que apliquen barreras unilaterales.
Su eventual activación marcaría un precedente, pues sería la primera vez que el Gobierno brasileño recurre a este mecanismo en respuesta a medidas de Washington.
El comercio entre ambos países atraviesa un momento delicado. Estados Unidos es uno de los principales destinos de productos brasileños como acero, aluminio, celulosa y derivados agrícolas.
Una escalada de represalias podría impactar a sectores sensibles de la economía, en un contexto global bajo tensión por disputas arancelarias.
Analistas advierten que la postura de Trump, teñida de motivaciones políticas internas, abre un frente de fricción con Brasil en plena campaña presidencial estadounidense.
Por el momento, el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva apuesta por mantener abierta la vía de la negociación, aunque no descarta endurecer la respuesta si Estados Unidos insiste en mantener las sanciones.
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