La decisión responde a informes de la Fiscalía General que alertan sobre «puntos ciegos» en la propiedad, ubicada en esta capital, debido a la proximidad de viviendas vecinas y la vulnerabilidad de la zona exterior de la casa.

De Moraes confirmó la vigilancia externa tras escuchar a la Secretaría de Administración Penitenciaria del Distrito Federal, que señaló la necesidad de cubrir las áreas colindantes, incluyendo calles y salidas del condominio, como medida preventiva ante posibles riesgos.

También el ministro ordenó inspecciones periódicas a los vehículos que salgan de la morada, con registro detallado de conductores y pasajeros, y la presentación diaria de los informes ante el tribunal.

La Fiscalía General descartó la necesidad de presencia policial dentro de la vivienda, al no existir indicios de amenaza interna para la seguridad del exmandatario ultraderechista, acusado de golpista y bajo arresto domiciliario.

El director de la Policía Federal (PF), general Andrei Rodrigues, había advertido sobre la posibilidad de fallas en el dispositivo de monitoreo electrónico, recomendando reforzar la vigilancia externa en lugar de interna.

Los mensajes hallados en el celular de Bolsonaro muestran intentos de presionar al Supremo Tribunal Federal (STF) y la preparación de solicitudes de asilo en el extranjero, lo cual motivó la consideración de riesgo de fuga.

El Ministerio Público Federal subrayó la demostrada disposición del exgobernante a actuar en desacuerdo con el curso de la justicia, lo cual justifica la implementación de medidas preventivas en los espacios circundantes.

Con la nueva orden, la vigilancia policial se concentrará frente a la residencia, ampliando la presencia ya establecida de la Policía Penal en el perímetro del condominio, con turnos continuos las 24 horas del día.

El juicio a Bolsonaro y otros siete aliados cobra relevancia, pues las medidas buscan asegurar que el excapitán del Ejército cumpla las decisiones judiciales sin incidentes durante el proceso.

Junto al expresidente, entre los imputados figuran militares, exfuncionarios y adeptos políticos cercanos, todos ellos señalados por la Fiscalía General como parte del llamado núcleo uno o crucial de la confabulación golpista tras las elecciones de 2022.

Los ocho acusados responderán por los delitos de abolición violenta del Estado Democrático de Derecho, golpe de Estado, organización criminal, daños calificados a bienes federales y deterioro de acervos protegidos.

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