La gobernante, contrario a la norma prevaleciente, no reconoce las credenciales que otorgan los medios de comunicación a los periodistas y exige, en cambio, la que emite el Departamento de Estado de Puerto Rico, que no es obligatoria para el reportero.

El CPI demandó, igualmente, a la secretaria de Prensa de la Gobernación, Marieli Padró, debido a que tal medida violenta la libertad de prensa al negarle a los periodistas de ese medio cubrir ruedas de prensa en La Fortaleza por no mostrar una credencial del Departamento de Estado, un requisito que es inconstitucional.

La organización periodística presentó un mandato preliminar y permanente, así como una sentencia declaratoria para impugnar la constitucionalidad de esta actuación contraria a la libertad de prensa, y lograr que los periodistas del CPI puedan acceder a cubrir las conferencias de la Gobernadora y sus funcionarios en La Fortaleza.

La directora editorial del CPI, Wilma Maldonado Arrigoitía, y el reportero Luis Valentín Ortiz, enfrentaron trabas en noviembre pasado en el puesto de seguridad de La Fortaleza cuando se les exigió el carnet de prensa del Departamento de Estado para entrar a las actividades.

Aunque ese día se les dio acceso al evento luego de una larga espera, el personal de seguridad y oficiales de prensa de La Fortaleza aseguraron que la identificación de Estado es un requisito para acceder a las conferencias de prensa.

Maldonado Arrigoitía solicitó el protocolo, reglamento o ley en el cual basa esa directriz. Al día de hoy ninguno de los funcionarios de la administración de González ha presentado documento o certificado alguno.

En otras dos ocasiones en este diciembre, a Valentín Ortiz y al editor Noel Algarín Martínez se les prohibió, por separado, entrar a conferencias de prensa en La Fortaleza, pese a que ambos tenían sus identificaciones personales y sus carnets del CPI, que es lo que siempre se ha exigido a los periodistas.

“La libertad de prensa no puede estar sujeta a permisos discrecionales ni a credenciales que no están requeridas por ley para ejercer el periodismo”, expresó la directora ejecutiva del CPI, Carla Minet. “Impedir el acceso a conferencias de prensa por no tener un carnet administrativo, creado para otros fines, es una forma de censura que limita el derecho del pueblo a estar informado”.

El CPI es representado en este caso por los abogados Luis José Torres Asencio, Judith W. Berkan Barnett y Steven P. Lausell Recurt del Proyecto de Acceso a la Información de la Universidad Interamericana de Puerto Rico.

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