Los senadores convocaron a periodistas denunciados por el Poder Ejecutivo, por difundir audios que revelaron el presunto cobro de coimas por funcionarios de alto rango en la Presidencia, como medida de protección para los profesionales de la prensa.
Las bancadas opositoras, con el apoyo de senadores quienes fueron aliados del gobierno y hoy rechazan sus políticas, cuentan con mayoría para ambas iniciativas. Ya la Cámara de Diputados rechazó el freno ejecutivo a la iniciativa de asistencia a los discapacitados.
Si la cámara alta hace lo mismo, será la primera vez que el Congreso revierta un veto presidencial desde 2003.
En una jornada legislativa que incomoda sobremanera a los actuales inquilinos de la Casa Rosada, los legisladores acordaron tratar dos proyectos: uno que revierte el veto a la emergencia en discapacidad y otro que reforma y pone límites a la ley de Decretos de Necesidad y Urgencia presidenciales.
Luego del rechazo a los pliegos de los jueces de la Corte Suprema, en abril de 2025, el oficialismo no consiguió ningún triunfo parlamentario en el Senado.
La emergencia en discapacidad -aprobada en julio de este año y vetada por Milei- estipula fondos hasta diciembre de 2027 para el pago a los prestadores de servicios (enfermeros, acompañantes y transportistas).
También restablece el proceso de aprobación de pensiones y actualiza las sumas que en junio del 2025 era de 213 mil 286 pesos (156,25 usd); y aumenta la remuneración a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos, quienes cobran 28 mil pesos mensuales (20,55 dólares) desde febrero del 2023.
En el hemiciclo senatorial también hay quorum y apoyo superior a los dos tercios para debatir y someter a votación una reforma a la ley que regula los decretos de necesidad y urgencia que dicta el Poder Ejecutivo.
Entre los cambios que se proponen, es que ambas cámaras del Congreso cuenten con un plazo de 90 días para ratificar los decretos y no para revocarlos, como es hasta ahora, para lo que además solo se requiere la mayoría en una de las cámaras.
Además, buscan delimitar los criterios de necesidad y urgencia y circunscribir cada DNU a un área técnica en particular, evitando megadecretos.
En cuanto a las denuncias intimidatorias firmada por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que instó a la justicia a allanar las casas de varios periodistas y dos medios, y confiscar los equipos de trabajo además de celulares, los senadores quieren avanzar con propuestas de medidas que garanticen un ámbito de protección a la labor de la prensa.
El martes una veintena de diputados mantuvo una reunión para conocer de primera mano a los periodistas que fueron acosados.
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