Este intento marca el último esfuerzo de la actual administración para expulsar a Ábrego García, cuya imagen se ha convertido en ejemplo de lo que significan las agresivas políticas migratorias de Trump desde que volvió hace casi ocho meses a la Casa Blanca.
El salvadoreño, de 30 años y un padre de familia residente en Maryland protegido contra la deportación desde 2019 por un tribunal de inmigración, es señalado por el gobierno federal de pertenecer a la pandilla MS-13, lo cual niegan tanto él como su equipo legal.
Su pesadilla comenzó cuando fue deportado por error administrativo en marzo último a su país natal, inicialmente a la temida megraprisión de máxima seguridad Cecot (Centro de Confinamiento del Terrorismo) y luego devuelto en junio a Estados Unidos, donde lo imputaron de cargos federales asociados a presunto tráfico de personas.
En estos momentos se encuentra recluido en un centro de detención migratoria en Virginia en plena batalla en las cortes por evitar ser deportado nuevamente.
El 25 de agosto, la jueza federal Paula Xinis se opuso a la eventual deportación de Abrego García, ordenando mantenerlo en Estados Unidos mientras enfrentaba el nuevo desafío legal contra los planes del Gobierno de Trump de mandarlo a Uganda.
La magistrada insistió que al Gobierno le estará “absolutamente prohibido remover a Abrego García del territorio continental de Estados Unidos”.
“Es difícil tomar en serio esa afirmación de temor, especialmente considerando que usted ha afirmado (a través de sus abogados) que teme ser perseguido o torturado en al menos 22 países diferentes”, expresó un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
“No obstante, por la presente le notificamos que su nuevo país de deportación es Eswatini, África”, agregó.
LA PESADILLA CONTINÚA
A su regreso en junio a Estados Unidos, Abrego García fue enviado a una cárcel en Tennessee, donde enfrentaba cargos penales, pero el 22 de agosto fue finalmente liberado de custodia en espera de un juicio.
Simon Sandoval-Moshenberg, un abogado que lo representa, declaró que, si bien la liberación de su cliente le brinda cierto alivio, se encuentra «lejos de estar a salvo, todos sabemos que está lejos de estar a salvo», advirtió. El reencuentro con su familia apenas duró unas 48 horas porque al acudir a una cita del ICE fue arrestado otra vez.
La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, había criticado la liberación de Abrego García. «Jueces liberales activistas han intentado obstruir a nuestras fuerzas del orden en cada paso del proceso para expulsar de nuestro país a los peores delincuentes extranjeros ilegales», subrayó.
Los tribunales de inmigración son, en este escenario de renovadas restricciones migratorias de Trump, un foco de atención nacional. El mandatario republicano ha despedido a más de 50 jueces de inmigración desde que regresó a la mansión ejecutiva en enero.
Abrego García reiteró su petición de asilo mientras sus abogados siguen luchando porque su cliente pueda ejercer también su derecho constitucional a dirimir su caso contra la deportación ante un tribunal. El Gobierno de Trump incluyó también entre los posibles destinos del salvadoreño Costa Rica.
El 25 de agosto, el salvadoreño expresó en una manifestación de apoyo en Baltimore que “sin importar lo que pase hoy en mi registro con el ICE, prométanme esto, prométanme que seguirán orando, seguirán luchando, resistiendo y amando, no solo por mí, sino por todos”.
DATOS EN CONTEXTO
Hasta agosto, el ICE detuvo a unos 59 mil inmigrantes indocumentados, una cifra récord en Estados Unidos. La mayoría de ellos en operativos en el interior del país y no en la frontera.
El análisis de las estadísticas federales muestra que casi la mitad de los arrestados (47 por ciento) no tiene antecedentes penales, y menos del 30 por ciento fue condenado por algún delito.
La población de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos llegó a un récord de 14 millones en 2023, un aumento del 19 por ciento respecto al año anterior, a tono con nuevas estimaciones del Centro de Investigaciones Pew.
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