Según la nota de Palacio de las Garzas (sede del Ejecutivo), el mandatario depositó su confianza en Gisela del Carmen Agurto para que reemplace a Cecilio Cedalise en la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo.

Además, nombró a Carlos Villalobos para sustituir a Angela Russo en la Sala Primera de lo Civil.

El pasado 31 de julio, durante una conferencia de prensa, Mulino se negó a recurrir para este proceso al Pacto de Estado por la Justicia, mecanismo multisectorial utilizado desde 2005 por gobiernos anteriores .

El nombramiento de estos magistrados es considerado clave para mantener el equilibrio institucional y fortalecer el sistema civil en Panamá.

Diversos sectores han insistido en la importancia de que los procesos de selección se realicen con transparencia, mérito y trayectoria, pero el jefe de Estado dejó claro que asumirá directamente esta responsabilidad, respaldado por el artículo 200 de la Constitución, que le faculta a designar magistrados con ratificación de la Asamblea Nacional (parlamento).

Ambas candidaturas serán presentadas ante la Comisión de Credenciales del Legislativo, donde los diputados tendrán la oportunidad de escrutarlos para conocer sus obras, su experiencia y opinión sobre el nuevo Código Procesal Civil y a las modificaciones que se buscan implementar en el Código Penal.

A juicio de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo de Panamá de Transparencia Internacional, si bien en esta decisión el mandatario omitió dos realidades fundamentales: primero, el profundo contexto de desconfianza ciudadana hacia las instituciones públicas, reflejado en encuestas; y segundo, el valor simbólico e histórico del Pacto de Estado por la Justicia.

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