El gobernante respondió ante una pregunta de la prensa este miércoles que todavía medita si se presentará ante la Asamblea Legislativa para hablar, en uso de su defensa como establece la ley, sobre los cargos sobre concusión por los que lo denuncia la Fiscalía general, añadió Teletica.com.
Chaves se quejó de que el presidente del Congreso, Rodrigo Arias, limitara el tiempo para su exposición en la sesión, y rechazara la presencia de su abogado, José Miguel Villalobos.
«¿Dónde está el derecho de defensa, la presunción de inocencia, etcétera?», cuestionó el mandatario, aunque la Comisión del Legislativo encargada de dirimir sobre la retirada de su inmunidad le concedió la palabra el 22 de agosto, recordó la televisora.
Según Teletica. com, esa instancia dedicó a Chaves un amplio espacio para referirse al caso durante una reunión sobre el tema, antes de que dos de sus tres miembros votaran por aplicar el desafuero y convocaran a la sesión del 22 de septiembre para que el Congreso tomara la decisión final.
La causa por concusión contra el gobernante alega una supuesta orden suya al publicista Christian Bulgarelli para que entregara 32 mil dólares al entonces asesor del mandatario, Federico Cruz, a cambio de que su empresa recibiera un millonario contrato para elaborar una campaña digital en la Casa Presidencial.
El Ministerio Público argumenta que tales hechos encajan en la referida causa por concusión, y exige despojar al gobernante de su inmunidad para que pueda enfrentar un juicio ante la Sala de Casación Penal.
La medida del levantamiento de ese fuero requiere que el Plenario de la Asamblea Legislativa la apruebe con 38 votos a favor, pues, de lo contrario, será imposible que la causa en contra suya pueda seguir su camino hasta que termine su periodo presidencial el 8 de mayo de 2026, tras las elecciones del 1 de febrero.
El ente especial del Congreso sobre la cancelación de la inmunidad al presidente reconoció, además, que existe fiabilidad en los argumentos de la Fiscalía general.
“De lo que consta en el expediente se puede concluir que la acusación presenta seriedad y consistencia, fundamenta la prueba aportada y respalda de forma razonable la base fáctica de su argumentación”, afirma el informe la Comisión del Congreso, citado por el periódico El Observador.
El ente legislativo, formado por los legisladores Andrea Álvarez (Partido Liberación Nacional), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y el oficialista Daniel Vargas, llegó a esas conclusiones tras un mes de análisis del expediente penal remitido por la Corte Suprema de Justicia.
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