La organización, fundada en Puerto Rico por dirigentes sindicales, laicos, pastores, teólogos, estudiantes, académicos y activistas de los movimientos de cambio social, miembros de iglesias y otros grupos sociales, estableció que tras lograr en 2003 la salida de la Marina de Guerra de Estados Unidos —lo que conllevó el cierre de bases militares en Vieques y Ceiba— “volvamos a ser considerados centro de operaciones militares para el intervencionismo estadounidense en América Latina”.

El coordinador de la Mesa de Diálogo, el abogado Francisco Concepción, rechazó las expresiones del derechista partido Proyecto Dignidad y del secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, general del ejército de Estados Unidos, Arthur Garffer, “al ofrecer nuestro territorio como lugar de práctica y entrenamiento militar”.

El reverendo Juan Ángel Gutiérrez Rodríguez, también coordinador de la Mesa de Diálogo, expresó que “la presencia militar estadounidense en nuestro suelo eleva la tensión política en la región del Caribe”.

“Rechazamos de igual manera las expresiones del alcalde de Arroyo de dar la bienvenida a ejercicios militares que limitarán el acceso a las playas y contaminará el terreno con desperdicios militares, (así como) las expresiones de la gobernadora Jenniffer González afirmando que estos ejercicios son parte de la lucha con el narcotráfico, ya que son parte de la política del presidente Donald J. Trump de desestabilizar e intervenir en la República Bolivariana de Venezuela”, señaló James Seale, secretario de la Mesa.

Denunciaron que también es motivo de profunda preocupación los intentos del gobierno estadounidense de intervenir militarmente o de utilizar la fuerza como mecanismo para enfrentar y resolver disputas entre países.

“Como organización fundada en principios de paz con justicia y la no violencia, afirmamos el derecho a la autodeterminación y la soberanía nacional de los pueblos”, argumentó Concepción.

El reverendo Gutiérrez Rodríguez recordó que “la llamada guerra contra las drogas de finales del siglo pasado resultó ser un fracaso que provocó un aumento de la violencia en la región latinoamericana y ocasionó la muerte de cientos de miles de personas inocentes, así como de luchadores y luchadoras de derechos humanos”.

“Es por esa razón que hacemos un llamado al pueblo, y en especial a las instituciones religiosas, a manifestar su rechazo ante la presencia militar estadounidense en nuestro territorio”, conminó la pastora Elba Irrizary, tesorera de la Mesa, al recordar que en abril de 1967 Martin Luther King, Jr., advirtió que “una nación que gasta año tras año más dinero en defensa militar que en programas de bienestar social se acerca a la ruina espiritual”.

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