La ausencia de un instrumento jurídico específico deja a miles de familias del país centroamericano en una situación de vulnerabilidad, no solo frente al robo de sus recursos, sino también ante respuestas poco claras y mecanismos ineficaces de las entidades responsables, para la restitución de fondos, añadió el periódico El País.

Líderes de la Defensoría denuncian hace meses las fallas normativas e insuficiente protección a consumidores, en medio de una creciente ola de estafas electrónicas, rebajos sin autorizar y fraudes que trasladan la carga de la prueba a los afectados, sin que los bancos ofrezcan información transparente sobre su seguridad informática.

Los reclamos de las víctimas –denuncia El País- son rechazados en muchos casos sin detallar si las entidades cumplieron con los estándares mínimos de protección, lo que, según la Defensoría, representa una revictimización.

La Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef), por su parte, transmitió en un informe a la Defensoría que su denominado “Acuerdo Sugef 10-07” constituye una herramienta normativa robusta, al establecer controles obligatorios, evaluaciones de riesgo conjuntas y educación en ciberhigiene digital.

El ente regulador financiero subrayó que su rol de supervisión incluye verificar el cumplimiento normativo, emitir observaciones y exigir medidas correctivas o sanciones en caso de incumplimiento, precisó el periódico nacional.

Según la Sugef, el llamado Acuerdo impone a los bancos la obligación de aplicar controles preventivos, detectivos y correctivos que permitan identificar patrones transaccionales atípicos, dispositivos usados, hábitos de autenticación y navegadores frecuentes.

Costa Rica enfrenta hoy una proliferación de los fraudes bancarios, que cuando concluya el presente 2025, ascenderán a unos 30 mil, en comparación con los dos mil registrados hace cuatro años, según una fuente oficial.

El aumento fue exponencial entre una y otra fecha, advirtió el director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Randall Zúñiga, ante la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, añadió el periódico Delfino.cr.

La autoridad comparó el atractivo para los delincuentes del fraude electrónico frente a los asaltos tradicionales, pues –reflexionó- un atraco en la calle conlleva el peligro de ser detenido o perder la vida, en caso de que la víctima se defienda, mientras que en el ciberespacio ese riesgo es inexistente.

“En un asalto callejero –subrayó- la víctima pierde lo que lleva en la billetera o en la cartera, pero en una cuenta bancaria están los ahorros de toda una vida, lo que sea que tenga la persona. Y los delincuentes se lo llevan».

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