Diputados independientes como Janine Prado cuestionaron la lentitud para asumir estos debates en el pleno, y lo achacan a la actitud de Luis Eduardo Camacho, presidente de la comisión de Gobierno y representante del partido de Gobierno, Realizando Metas (RM).

Según Prado, a pesar de que ante el Legislativo el propio Procurador de la Nación, Luis Gómez, defendió proyectos como la Ley General Anticorrupción y otro sobre modificación de artículos del Código Penal relacionados con delitos contra la administración pública, estos esperan por su análisis.

Estas iniciativas fueron presentadas el 24 de julio pasado y se desconoce cuándo serán discutidas en el primer debate, a pesar de una carta enviada por Gómez a Camacho en que señala la urgencia de debatirlas ante la posición crítica de Panamá en el Índice de Percepción de la Corrupción, donde obtuvo 33 puntos, ubicándose por debajo del promedio regional.

Los legisladores vinculan la presencia de Camacho, por segunda vez consecutiva al frente del equipo de trabajo como una traba y obstáculo para estas normas.

Señalan sin embargo su interés en propuestas como una ley de amnistía que beneficiaría a los expresidentes Ricardo Martinelli (2009-2014), líder de RM y Juan Carlos Varela (2014-2019), del Partido Panameñista, condenados por delitos de blanqueo de capitales.

De otra parte, avanza un proyecto de ley que permitiría revisar sentencias firmes bajo el sistema inquisitivo, además propone modificaciones al artículo 2030 del Código Judicial y al 191 del Código Procesal Penal, con el objetivo de equiparar las vías de impugnación entre el antiguo sistema inquisitivo y el sistema penal acusatorio.

La propuesta permitiría que condenados bajo el sistema inquisitivo puedan invocar violaciones a derechos fundamentales, constitucionales y tratados internacionales como base para presentar recursos de casación o revisión de sentencias firmes.

Entre los potenciales beneficiarios estaría el expresidente Martinelli, condenado por blanqueo de capitales a más de 10 años de cárcel, pero ahora asilado en Colombia, cuyos procesos se tramitaron bajo el modelo anterior.

La propuesta ha sido vista por diversos sectores como un intento claro de abrir una nueva ruta judicial para el exgobernante y otras figuras políticas con condenas firmes, aunque sus impulsores argumentan que se trata de una medida de igualdad ante la ley.

Para la ex procuradora y exdiputada Ana Matilde Gómez, se corre el peligro de legislar para casos particulares; y además cuestionó la falta de análisis técnico y el enfoque político de la propuesta.

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