Un “ruidazo” se escuchó anoche en todo el país para ir cerrando hoy la semana contra los vetos presidenciales a la Ley de Emergencia Pediátrica y a la de Financiamiento Universitario, a los que se sumó un paro nacional en todas las universidades públicas y en el hospital Dr. Garrahan, de referencia nacional y regional.

Médicos, residentes, enfermeros de esa valiosa institución y de otros nosocomios, más familiares de pacientes por ellos atendidos, estudiantes, profesores, trabajadores no docentes y un abanico de sindicatos convocaron a una movilización el próximo miércoles al Congreso de la Nación que tendrá reverberación en otras ciudades del país.

A esos se sumó un tercer veto que agita más la vida política al privar a los gobernadores de las asignaciones que les corresponden a sus provincias de las Aportaciones del Tesoro Nacional y del impuesto a los combustibles.

Tras la debacle electoral el pasado domingo 7 en la Provincia de Buenos Aires, la mayor de Argentina, la Casa Rosada decidió convocar a una mesa nacional de diálogo con la idea de alcanzar un concilio federal aunque sin éxito: solo cuatro de los 24 gobernantes provinciales decidieron acudir al palacio ejecutivo.

La oposición en la Cámara de Diputados, ahora más juntada, alista otra candente sesión especial el próximo miércoles en la que desde ya va hilvanando la mayoría de dos tercios para derogar los vetos presidenciales.

Pero hay más dolores de cabeza para un Milei cada vez más acorralado: En los últimos días el juez Casanello y el fiscal Picardi avanzaron más en la pesquisa para aclarar el escándalo de corrupción en la Presidencia por el presunto cobro de coimas procedentes de facturas de medicamentos para los discapacitados.

La Comisión Especial del Congreso dio más pasos en su investigación de la megaestafa por la promoción de la criptomoneda $Libra, y en ambos escándalos está involucrada Karina Milei, la hermana del mandatario y secretaria general de la Presidencia.

El clima económico tampoco ayuda: en la última semana se sintió fuerte turbulencia en los mercados bursátiles en los que se precipitaron los activos argentinos, se ahondó la inestabilidad cambiaria con una marcada devaluación del peso ante el dólar y se disparó a más de mil el riesgo país que miden bancos y agencias internacionales de calificación.

Y a eso se suman las exigencias del FMI que le advirtió al ejecutivo sobre las desmesuradas tasas de interés y el apriete a los bancos, con la idea del equipo económico de evitar que se dispare el valor del dólar, pero eso genera un golpe a la economía productiva.

El gobierno informó que la inflación en agosto se mantuvo en 1.9 por ciento al igual que en julio, para un acumulado anual del 20 por ciento; pero más del 60 por ciento de los argentinos, según encuestas, no creen en esas estadísticas oficiales. La caída del poder adquisitivo generado por el desplome de los salarios, el desempleo, el cierre de empresas y la carestía en varios rubros encarecen cada vez más la vida, generando un agrio humor social.

Y para colofón de una turbulenta semana, se estableció una nueva fuerza partidaria en la vida política del país, Provincias Unidas, cuyos articuladores inicialmente cinco gobernadores que provienen del Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical, la presentaron en Río Cuarto, Córdoba, como una alternativa al irreverente modelo de la ultraderecha y al peronismo.

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