Mediante un comunicado, la institución precisó que los jefes policiales coordinarán con los gobiernos locales el uso de unidades móviles para trasladar a los afectados, al tiempo que reiteró respeto a las demandas de los sindicatos del sector.

El jefe interino de la policía, teniente general José Melencio Nartatez, subrayó la necesidad de equilibrar el derecho a la huelga con el de otros conductores a trabajar y de los ciudadanos a no ver interrumpidos sus desplazamientos.

El gremio Manibela confirmó que realizará un paro nacional de tres días, mientras que Piston se sumará a la protesta el 18 de septiembre.

Ambas organizaciones denunciaron como actos de corrupción el desvío de los impuestos pagados por el transporte.

Según Manibela, no es justo que los conductores trabajen largas jornadas para sostener a sus familias mientras funcionarios se benefician de recursos públicos.

Piston, por su parte, exigió sanciones concretas y penas de cárcel para los responsables, al considerar insuficientes las audiencias e investigaciones legislativas en curso.

Las protestas se desarrollan en paralelo a los procesos de pesquisa abiertos en la Cámara de Representantes y el Senado, así como a la labor de la recién creada Comisión Independiente de Infraestructura.

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