Durante la sesión legislativa de este martes, el presidente de la Asamblea, Niels Olsen, descartó el pedido de la Revolución Ciudadana (RC) de modificar la agenda para incluir un debate en torno a la decisión del Gobierno de Daniel Noboa de poner fin al beneficio.

Sin embargo, Olsen dio paso a otra solicitud del legislador Esteban Torres, de la bancada oficialista de Acción Democrática Nacional (ADN), para respaldar al Ejecutivo.

La líder del bloque de la RC, Viviana Veloz, señaló que en “la Asamblea cada semana se quebranta la ley, hoy se inventaron una nueva leguleyada jurídica e incluso se nos amenazó con la fuerza pública”.

En un comunicado, el movimiento de oposición criticó la actuación de Olsen y afirmó que la eliminación del subsidio golpea el bolsillo de miles de familias, encarece la producción y eleva el costo de la vida de todo el país.

Veloz consideró que el Gobierno inventa un falso relato de compensación que al final lo terminará pagando el pueblo.

“Si son demócratas por qué no permiten debatir o por qué no preguntan en la consulta popular si los ciudadanos están de acuerdo con el incremento del diésel”, remarcó.

Veloz aclaró que la RC está del lado de los ecuatorianos y no de las élites oligárquicas, ni del Fondo Monetario Internacional (FMI).

Ante el fin del subsidio, la administración de Daniel Noboa inició un programa de incentivos para transportistas, a quienes entregará un bono de compensación de entre 400 y mil dólares durante ocho meses para evitar alza de pasajes y fletes de carga.

Según cálculos oficiales, la suspensión del beneficio supondría para el Estado un ahorro de mil 100 millones de dólares.

No obstante, grupos sociales como indígenas y sindicatos advirtieron que eso es una medida temporal y a la larga se elevará el precio de la canasta básica y el costo de la vida en general.

El asambleísta Héctor Rodríguez, de la RC, advirtió que “provocará una inflación entre el seis y el 18 por ciento que se reflejará en los precios finales de los productos”.

En medio del descontento, con bloqueos de carreteras y movilizaciones populares ya programadas para esta semana y la próxima, Noboa trasladó la sede del Ejecutivo fuera de Quito, a Latacunga, capital de la provincia de Cotopaxi, y emitió un nuevo decreto de estado de excepción.

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