El informe, presentado esta semana por el mecanismo investigativo de Naciones Unidas, concluye que las fuerzas israelíes han cometido cuatro de los cinco actos tipificados como genocidas en la Convención de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio.

Entre los crímenes documentados por la comisión figuran el asesinato deliberado de civiles, lesiones graves a la integridad física y mental, la imposición de condiciones de vida destinadas a la destrucción total o parcial del pueblo palestino y medidas encaminadas a impedir nacimientos dentro del grupo afectado.

El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores jordano, Fouad Majali, calificó el informe como una prueba clara de la existencia de una política israelí orientada a destruir al pueblo palestino, en abierta violación del derecho internacional y del derecho internacional humanitario”.

Majali exigió al gobierno de Tel Aviv que cumpla de inmediato con sus obligaciones legales, ponga fin a su ofensiva militar en Gaza y detenga todas las violaciones de derechos humanos cometidas en el enclave palestino.

Asimismo, hizo un llamado a la comunidad internacional a asumir sus responsabilidades legales y morales y ejercer presión efectiva sobre Israel para garantizar el cese de hostilidades, el acceso continuo y sin obstáculos de ayuda humanitaria y la protección del pueblo palestino frente a nuevas agresiones.

El diplomático jordano subrayó que la única vía para reducir la tensión regional y alcanzar una paz justa y duradera pasa por el fin del genocidio, la rendición de cuentas de los responsables y el respeto pleno a los derechos legítimos del pueblo palestino, incluida su autodeterminación.

La ONU informó que el informe fue resultado de dos años de investigaciones que abarcaron los hechos ocurridos desde el 7 de octubre de 2023 hasta la fecha, incluyendo el análisis de patrones sistemáticos de conducta por parte de las autoridades y fuerzas de seguridad israelíes.

En su conclusión, la Comisión instó a Israel, así como a todos los Estados miembros de la comunidad internacional, a cumplir con sus obligaciones legales bajo la Convención contra el Genocidio, y a tomar las medidas necesarias para detener los crímenes y sancionar a los responsables.

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