La polémica propuesta fue aprobada el miércoles con carácter de urgencia por la Cámara de Diputados.
En próximas semanas, el relator, diputado federal Paulinho da Força, deberá trabajar con los líderes para elaborar un texto consensuado que se someterá a votación en el plenario.
Al ser consultado sobre el tema, Alckmin enfatizó que la ley brasileña establece la separación y la armonía entre los Tres Poderes del Estado y que, cuando sea necesario, el Supremo Tribunal Federal (STF) debe definir qué es válido y qué no.
«El Poder Legislativo es responsable de crear leyes y normas para la convivencia social; nadie está por encima ni al margen de la ley. El Ejecutivo es responsable de implementar las políticas. Y el Poder Judicial tiene la última palabra sobre las leyes. El Poder Judicial tendrá la última palabra», remarcó.
También Alckmin manifestó que espera sensibilidad de los diputados respecto al proyecto de ley que exime del impuesto sobre la renta a quienes ganan un poco más de 940 dólares.
El Gobierno se apresura a conseguir la votación en el pleno y espera hacerlo la próxima semana. Al mismo tiempo, procura bloquear la aprobación de una amnistía amplia que beneficiaría a Bolsonaro, condenado a 27 años y tres meses de prisión por tentativa golpista.
Respecto a este sonado tema, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró esta semana que no dudará en vetar la propuesta de indulto al exgobernante ultraderechista.
«Si me tocara vetar, pueden estar seguros de que lo haría. Pueden estar seguros de que lo haría», señaló en entrevista concedida a la cadena británica BBC y amplificada por medios locales.
El STF responsabilizó a Bolsonaro de articular un plan para desconocer los resultados en las urnas y mantenerse en el poder.
Lula negó que el fallo haya tenido motivaciones políticas. «Sinceramente, hubiera preferido que no hubiera cometido ningún delito. Pero tenía derecho a defenderse. Se le presumía inocente y fue condenado», expresó.
En la misma entrevista, Lula también dedicó duras críticas a su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien impuso un arancel del 50 por ciento sobre productos brasileños.
«Las acusaciones y declaraciones del presidente Trump contra Brasil son eminentemente políticas. No tienen nada que ver con el comercio», aseguró.
Según el fundador del Partido de los Trabajadores, la medida refleja la postura política de Bolsonaro y no responde a criterios económicos.
«Lamento profundamente que un presidente de otro país no respete la soberanía de otro Estado, ni su Poder Judicial, ni su Corte Suprema», subrayó.
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