La limitación de movilidad de 22:00 a 05:00, hora local aplicará para las provincias de Cotopaxi, Imbabura, Chimborazo, Bolívar y Carchi, aunque Pichincha, donde se encuentra la capital, Azuay y Santo Domingo de los Tsáchilas también están bajo estado de excepción.
Con la medida, el mandatario suspende la libertad de reunión y restringe la circulación durante 60 días.
Asimismo, las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional podrán “impedir y desarticular reuniones en espacios públicos donde se identifiquen amenazas a la seguridad”.
La justificación oficial, según el mandatario, es que en estas provincias se ha reportado mayor concentración de obstaculización de vías principales, «impidiéndose el libre tránsito de personas y vehículos, afectando garantías, libertades y derechos de los ciudadanos”
El anuncio tiene lugar luego de que la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) convocó hoy a un paro nacional, inmediato e indefinido en rechazo a la eliminación del subsidio al diésel.
La decisión fue adoptada este jueves tras una asamblea realizada en Riobamba, provincia de Chimborazo, donde participaron dirigentes y decidieron enfrentar el ajuste económico que golpea a los más pobres.
Además, rechazaron la criminalización, judicialización y persecución.
El Gobierno advirtió en un comunicado publicado en redes sociales que «quienes incurran en actos de terrorismo, bloqueos ilegales de vías o violencia organizada serán sancionados conforme a la ley».
“Esto no es represión: es cumplirla. Nadie está por encima de la ley», señaló.
Los indígenas y campesinos de Ecuador fueron los protagonistas de las históricas movilizaciones ocurridas en 2019 y 2022 contra políticas neoliberales de los entonces presidentes Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023).
Según un estudio del Centro de Investigaciones y Estudios Especializados (Ciess), el 83 por ciento de los ecuatoriano considera que el aumento del diésel sin subsidio lo impacta negativamente, una percepción que es similar tanto en zonas urbanas como rurales.
Las cifras de la encuesta, sumadas a los anuncios de movilizaciones, reflejan un descontento en la población frente a la medida gubernamental, que el Ejecutivo justifica como un ahorro de mil 100 millones de dólares y parte de un programa de compensaciones temporales para transportistas y agricultores.
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