La moción reunió las firmas necesarias para su presentación después del intento de Santiváñez y será debatida y votada entre el tercer y décimo día útiles posteriores a su presentación, es decir entre el 23 de septiembre y el 3 de octubre.

Loa análisis consideran que puede prosperar debido a lo delicado de las imputaciones a Santiváñez, a lo que se agrega el malestar de oarte de los legisladores porque, unos meses después de ser censurado por el parlamento, por fracasar su gestión como ministro del Interior, la presidenta Dina Boluarte lo nombró titular de Justicia.

Santiuváñez compareció ayer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso que lo interrogó sobre los audios que pondrían en evidencia que hizo gestiones para mejorar las condiciones carcelarias de un ex policía condenado por graves delitos y del que era o había sido abogado.

Según el audio, Santiváñez pidió ayuda al entonces ministro de Justicia (bajo cuya jurisdicción está el Instituto Nacional Penitenciario) y hoy primer ministro, Eduardo Arana, a quien se escucha decir que accede.

Arana también declaró ante la referida comisión y coincidió con su colega en negar la validez de las grabaciones y haber recibido el pedido de Santiváñez y dijo estar dispuesto a cualquier investigación.

Ambos alegaron una campaña mediática de la Fiscalía de la Nación y por la filtración a la prensa de los audios cuestionados que, según Arana, están en manos del Ministerio Público desde hace meses y fueron materia de un interrogatorio al que respondió entonces en calidad de testigo.

Ambos se declararon dispuestos a someterse a peritajes de sus voces que las comparen con los audios obtenidos por la Fiscalía, pero diversos medios de prensa reportaron que Santiváñez se negó a asistir el viernes último a la prueba de audios de un caso anterior.

El titular de Justicia se ha negado también al mismo procedimiento, ante lo cual grabaciones oficiales de su voz fueron cotejadas con el los audios que un oficial de Policía grabó furtivamente, cuando conversaba con Santiváñez.

En ese diálogo, una voz como la del entonces ministro del Interior dice que la presidenta lo nombró con el compromiso de que desactive una unidad policial de apoyo a la Fiscalía Anticorrupción que investiga a su hermano,Nicanor Boluarte y, hasta poco, a la propia mandataria.

Sobre los nuevos audios, Santiváñez sostuvo que no permanecieron en una cadena de custodia, lo cual supuestamente los invalida y también intentó desacreditar los anteriores.

Sostuvo de otro lado que lo ataca una especie de organización criminal que incolucraría a fiscales, jueces y medios de prensa opositores.

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