Los individuos eran integrantes del Batallón de Artillería dos, conocido como La Popa, y los hechos aluden a crímenes cometidos en el norte del departamento de Cesar y el sur de La Guajira.

De acuerdo con el órgano de justicia transicional, se espera que la imposición de las sanciones propias permita que los responsables contribuyan a la reparación de las víctimas y la construcción de paz mediante proyectos restaurativos orientados a generar beneficios en las comunidades afectadas, así como la reintegración social de los comparecientes.

La Sección de Reconocimiento de Verdad del Tribunal para la Paz determinó la sanción propia máxima de ocho años para todos los comparecientes y aplicó descuentos a aquellos que ya estuvieron privados de la libertad en la justicia ordinaria por los hechos juzgados.

Aclaró asimismo la JEP que los comparecientes acceden a estas sanciones propias por sus aportes a la verdad y sus reconocimientos de responsabilidad, pues permiten avanzar en medidas de reparación y memoria como entregas dignas, actos de restablecimiento del buen nombre y proyectos que pretenden transformar territorios y comunidades.

La investigación judicial permitió documentar dos patrones macrocriminales.

El primero de ellos tiene que ver con la comisión de asesinatos ilegítimos y desapariciones forzadas cometidas en el marco de una alianza y connivencia entre miembros de la fuerza pública y distintos frentes del Bloque Norte de las Autodefensas Unidas de Colombia, con el objeto de presentar a las personas asesinadas como bajas en combate.

También se comprobó la ocurrencia de homicidios y desapariciones cometidas contra ciudadanos que se encontraban en situación de vulnerabilidad y que fueron capturadas arbitrariamente y/o engañadas por miembros del Batallón ‘La Popa’, con el objeto de engrosar la lista de presuntos insurgentes caídos como consecuencia de un enfrentamiento armado.

Las víctimas de estos crímenes eran campesinos, indígenas, afrodescendientes y personas en situación de vulnerabilidad, las cuales fueron perseguidas, perfiladas, embaucadas, detenidas, torturadas y ejecutadas por quienes tenían el deber de protegerlas, acotó la JEP.

Los sancionadas deberán participar en seis proyectos restaurativos y uno de ellos es el Plan Integral de Memorialización para la Costa Caribe que, entre otras acciones, tiene prevista la construcción de un mausoleo de la memoria que comprende 700 osarios con sus respectivas lápidas en el Cementerio del Ecce Homo de Valledupar, Cesar.

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