La normativa, promulgada el 18 de septiembre, crea la Autoridad Reguladora de Energía Atómica de Filipinas (PhilATOM), organismo independiente y cuasi judicial encargado de supervisar todas las actividades nucleares y radiactivas del país.

Según el texto, el uso de la energía nuclear se restringirá a fines pacíficos y civiles, y prohíbe explícitamente cualquier aplicación militar o relacionada con explosivos atómicos.

La PhilATOM absorberá las funciones regulatorias previamente distribuidas entre otras agencias estatales y actuará como contraparte nacional del Organismo Internacional de Energía Atómica.

Entre sus atribuciones se incluyen la emisión de normas de seguridad, la concesión de autorizaciones para instalaciones y actividades nucleares, y la imposición de sanciones por incumplimientos.

Además, implementará un plan nacional de respuesta a incidentes radiológicos, integrado en el sistema de gestión de desastres del país.

La ley igual establece un registro nacional de desechos radiactivos y combustible gastado, y contempla penas de hasta cinco años de cárcel y multas de al menos 174 mil dólares por violaciones graves a la normativa.

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