“Todos los límites del Estado de Derecho han sido violados”, esgrimió en una entrevista concedida a Le Journal du Dimanche, tres días después de la sentencia del Tribunal Correccional de París, que confirmó los cinco años de encierro, de los siete solicitados por la Fiscalía.

La justicia desestimó los cargos de desvío de fondos públicos y corrupción pasiva contra el otrora jefe de Estado, pero mantuvo el de asociación delictiva en la llamada trama libia, en la que el ex hombre fuerte del país norafricano Muammar Gadafi, asesinado en 2011, habría aportado dinero a la campaña electoral del 2007, tras la cual llegó al Elíseo.

Sarkozy estimó que en el dictamen y la posterior citación para definir las modalidades del encarcelamiento existen una voluntad de humillación.

Si debo dormir en prisión, lo haré, sin embargo, nunca reconoceré algo que no hice, subrayó el político de derecha y 70 años de edad.

La Fiscalía Nacional Financiera convocó al exmandatario para el 13 de octubre, cuando se definirán los detalles del encierro, en un hecho inédito en la V República para un jefe de Estado.

Pese a los propósitos de Sarkozy sobre su inocencia, los acusadores afirmaron durante el juicio en marzo no tener dudas de su participación en el esquema de corrupción y denunciaron el daño causado al país, por lo que solicitaron siete años de cárcel, una cuantiosa multa y un lustro de inhabilitación política.

En sus declaraciones a Le Journal du Dimanche, Sarkozy aseveró no desear el perdón presidencial, porque para ello tendría que admitir su culpabilidad.

La víspera, desde diversos sectores de la sociedad francesa se produjeron condenas a amenazas contra magistrados que participaron en el proceso.

El ministro de Justicia dimitente, Gérald Darmanin, repudio “sin reservas” en las redes sociales los mensajes amenazantes, que motivaron la apertura de investigaciones por la Fiscalía de París.

Por su parte, el jefe de la Corte de Apelaciones de París, Jacques Boulard, llamó solemnemente en un comunicado a respetar a la institución judicial y denunció que sus decisiones sean puestas en duda.

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