El pronunciamiento considera que el cerco a nación caribeña “viola los derechos del pueblo cubano y dificulta su desarrollo”.

Señala que esa política agresiva se recrudeció de manera constante desde 2019 a partir de la pandemia por la Covid-19.

Entonces, refiere, Washington implementó 243 medidas unilaterales adicionales que impiden transacciones financieras y bancarias de ciudadanos y empresas de Cuba, y pone particular saña en perseguir los embarques de combustible.

Tan solo en 2024 el costo de las medidas adoptadas por el gobierno norteamericano significó para el Estado cubano una pérdida de siete mil 556 millones de dólares, subraya.

Detalla el costo económico y humano del país caribeño con el dato de que tan solo dos meses de bloqueo equivalen a lo que precisa Cuba para satisfacer la demanda de electricidad.

Añade que otros cinco días sin bloqueo bastarían para financiar la reparación de una de las termoeléctricas cubanas que hoy están dañadas, lo cual provoca continuados apagones.

Es inconcebible que Estados Unidos mantenga a Cuba en la lista de países patrocinadores de terrorismo, subraya la declaración.

Denuncia que ello que agrava aún más las posibilidades de acceso al sistema financiero internacional, así como a alimentos básicos y bienes de consumo imprescindibles para asegurar la vida, suscribe el comunicado.

Los legisladores de la bancada 1001 (del Partido Comunista Uruguayo) consideran que Estados Unidos ejecuta con el bloqueo un acto de guerra, en violación al derecho internacional con repercusiones contra terceros países.

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