El gerente de Contratos de Exportación de Gas Natural de YPFB, Óscar Claros, aseguró que todas las ventas del hidrocarburo a Brasil por la zona de Yacuiba, departamento de Tarija, son legales. “Todas nuestras operaciones de exportación son legales; por lo tanto, no existe ningún tipo de contrabando en las mismas, no existe ningún tipo de daño económico que se pudiera generar a través de las mismas y, por ende, no existe ningún delito”, afirmó en intervención conjunta con el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), Joel Callau, y la presidenta de la Aduana Nacional, Karina Serrudo.
La titular aduanera, por su parte, precisó que la demanda fue presentada a las 16:28 horas de Bolivia del lunes 6 de octubre por Rodrigo Acuña Sánchez y Jesús Salvador Vargas, quienes en horas de la mañana habían sido desvinculados de la Aduana Nacional Regional Yacuiba.
Acusaron al presidente de YPFB de cometer el delito de “contrabando de exportación agravado”, arguyendo que no se habría respaldado con una autorización de la ANH esa operación por una suma de 14,4 millones de dólares.
Sin embargo, en virtud al Decreto Supremo 28174 del 5 de mayo de 2005, ese requisito fue anulado en los casos de exportación de gas a Brasil y Argentina, siempre y cuando exista un contrato vigente, como sucede en la actualidad.
Expresó Serrudo extrañeza por el proceder de los exfuncionarios y lo atribuyó a una posible venganza porque fueron despedidos de la Aduana, donde Acuña Sánchez ocupaba el cargo de Administrador Aduana Frontera-Yacuiba y Vargas Cruz Técnico en Gestión Aduana y Operativa Gerencia Regional Tarija.
Significó que fueron ellos mismos quienes dieron el visto bueno para que YPFB realizara la exportación de gas al Brasil.
Debido a que los exfuncionarios emplearon papel membretado de la Aduana Nacional para presentar la denuncia contra Dorgathen, la presidenta de la institución anunció que este viernes presentará una querella, porque además violaron la Ley de Aduanas al asumir la representación de la entidad, cuando esto solo lo puede hacer la Presidencia.
Por su parte, el gerente de Contratos de Exportación de YPFB aseguró que no hubo ningún daño económico al Estado, como se arguyó para demandar a Dorgathen, porque se ha “recibido un monto de alrededor de 14 mil 400 millones de dólares”.
“(…) Este monto facturado ha sido pagado por el cliente en las cuentas de YPFB manejadas por el Banco Central de Bolivia, (…). Entonces, no hay ningún espacio para especular que estos montos, por la operación que está siendo cuestionada, pudieran haberse desviado”, concluyó la autoridad.
mem/jpm





