También la decisión determinó que el político ultraderechista podrá ser hospitalizado en situación de emergencia por su estado de salud.

En los dos casos, se mantiene el requisito de notificar a la corte superior en un plazo de 24 horas, con pruebas debidamente comprobadas.

Todas las visitas y procedimientos deben cumplir con los requisitos legales y judiciales previamente establecidos.

El documento también reafirma que, según una decisión del 30 de agosto, se realizarán inspecciones de los maleteros y el interior de todos los vehículos que salgan de la residencia de Bolsonaro.

De Moraes denegó el lunes una solicitud de la defensa del exmandatario para revocar su reclusión en casa y las medidas cautelares que se le impusieron, como la prohibición de usar el teléfono celular, acceder a redes sociales y la retención de su pasaporte.

En septiembre, la defensa solicitó la suspensión de las restricciones, argumentando que Bolsonaro no estaba incluido en la denuncia presentada por la Fiscalía General y, por lo tanto, no había fundamento para mantener las disposiciones provisorias.

La solicitud está relacionada con el caso del diputado federal Eduardo Bolsonaro, hijo del exjefe de Estado, y el bloguero Paulo Figueiredo.

Ambos fueron imputados por la Fiscalía General por presuntamente intentar intimidar a las autoridades brasileñas y obstruir el avance de la causa penal contra el expresidente en relación con el intento de golpe de Estado tras las elecciones de 2022.

En un comunicado enviado el 10 de octubre, el Ministerio Público Federal defendió la continuación de las medidas, alegando riesgo de fuga e incumplimiento reiterado por parte del excapitán del Ejército.

Para De Moraes, el expresidente, condenado a 27 años y tres meses de prisión en régimen cerrado por tentativa golpista, ya había violado órdenes previas, como la prohibición del uso de redes sociales.

Las medidas mantenidas por el Supremo «también son esenciales para evitar que el acusado se fugue del distrito, escenario cuya probabilidad fue reconocida en los autos del proceso penal, así como para garantizar la ejecución de la sentencia recientemente impuesta al acusado por la primera sala…», indicó la Fiscalía General, citada en la decisión del magistrado.

El ministro destacó, asimismo, que el propio exgobernante anunció públicamente su intención de incumplir las decisiones judiciales.

Ante esta situación, se establecen los requisitos fácticos y jurídicos que autorizan el mantenimiento del arresto domiciliario y otras medidas cautelares, escribió De Moraes. rgh/ocs